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SERVICIOS SOCIALES Y SANITARIOS. EL VALOR DE LO PÚBLICO 

En el actual contexto de crisis lo sociosanitario puede estar siendo utilizado para recortar derechos sociales, reducir prestaciones y servicios, especialmente en el ámbito sanitario y abandonar espacios de responsabilidad pública. Frente a estos intentos, apostamos por una coordinación efectiva de servicios sanitarios y sociales, sin merma de los derechos reconocidos en ambos Sistemas y sin degradar sus dispositivos prestacionales. Una estrategia en la que siguen existiendo prestaciones sociales y prestaciones sanitarias, y sin otras prestaciones sociosanitarias que las que resultan de la confluencia de las existentes en uno y otro Sistema.

 

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XVI DICTAMEN DEL OBSERVATORIO DE LA LEY 39/2006 DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

 

 

 

  

ESCALA DEL XVI DICTAMEN DEL OBSERVATORIO DE VALORACIÓN TERRITORIAL DE DESARROLLO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

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DICTAMENDEL OBSERVATORIO 2016 .EVOLUCIÓN 2011-2015 DE LOS DATOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y COSTES DE FINANCIACIÓN DEL SISTEMA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

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PACTO DE GOBIERNO SOBRE POLÍTICA SOCIAL.

ALTERNATIVAS A UNA LEY DE RESCATE CIUDADANO.

 

CUESTIÓN CONCEPTUAL. Porqué no es conveniente un "rescate"

Responder con un "rescate" a las situaciones de pobreza lleva a confundir a la opinión pública, al sugerir que nos encontramos ante una situación excepcional, en la cual los cientos de miles de familias y personas empobrecidas son sólo los restos de una catástrofe a los que hay que "rescatar".

 Ese rescate refuerza uno de los principales engaños de las políticas ultraliberales: que todo se debe a una coyuntura adversa de la economía, que sólo se puede resolver con el crecimiento del PIB, y que este crecimiento por sí solo, poco a poco, hará que toda la sociedad mejore.

 Pero las situaciones de pobreza no son los restos de la crisis que poco a poco superaremos y a los que hay que atender mientras tanto, sino que configuran un rasgo estructural del nuevo modelo de sociedad, que forman parte de su ADN como consecuencia de unas políticas que mantienen no solo unos niveles de pobreza que afectan a amplios sectores de la población, sino que consagran las desigualdades y limitan las oportunidades de mejora para la inmensa mayoría de la población.

 Por eso no podemos afrontar las situaciones de pobreza y de precariedad con iniciativas de "rescate" sino con cambios en las políticas que las generan y mantienen:

 · Un nuevo modelo de desarrollo económico que apueste por I+D+I y en el que la competitividad no se logre exclusivamente mediante la sobreexplotación de trabajadores/as

 · Mejorar la protección laboral (salarios, estabilidad, mecanismos de defensa colectivos)

 · Medidas que impulsen una fiscalidad con más capacidad recaudatoria y con mayor progresividad.

 · Reforzar las políticas sociales y corregir los recortes que se han llevado a cabo.

 CUESTION COMPETENCIAL. Porqué no es posible un "rescate" a nivel estatal

 Las medidas de protección a las personas y familias más empobrecidas, para garantizar de forma inmediata la cobertura de sus necesidades básicas y para una vida digna, forman parte de políticas cuya competencia corresponde a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales. Por eso cualquier iniciativa "de rescate", si lo que pretende son atenciones urgentes, inmediatas, de protección social básica, no pueden llevarse a cabo desde organismos estatales que ni tienen competencia en esas materias ni estructuras gestoras descentralizadas en el nivel de proximidad necesario para ello.

 ALTERNATIVA: Medidas a nivel estatal que pueden corregir a corto plazo situaciones de pobreza y precariedad, y simbolizar el cambio profundo de políticas a este nivel.

 · Derogar las disposiciones de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que recortan el nivel competencial de las entidades locales en servicios sociales, y eliminar el plazo de 31 de diciembre de 2015 que establece la Disposición Transitoria Segunda 1, para que las Comunidades asuman los servicios sociales de titularidad local que esa norma considera impropios.

 Efectos: Impide la demolición de numerosos servicios sociales de ámbito local, imprescindibles para atender situaciones de pobreza y exclusión. Va en onda de lo acordado por la mayor parte de las Comunidades, incapaces de asumir o financiar al 100% los servicios sociales locales que esa norma considera impropios, para lo cual han aprobado normas incluso con rango de Ley. Mantiene y genera empleo en SAD, Centros de Día, Talleres Ocupacionales y otros programas de apoyo a familias

Costes: No tiene.

 Plazos: 2016 Mantiene y genera empleo en SAD, Centros de Día, Talleres Ocupacionales y otros programas de apoyo a familias

 · Modificar el código civil para corregir la anomalía jurídica de nuestro país que mantiene la responsabilidad patrimonial universal ilimitada, y aprobar una ley que proteja a los particulares en caso de quiebra por sobreendeudamiento. Dicha protección se debe residenciar en servicios públicos especializados, en combinación con los servicios sociales, que asesoren y tutelen la reestructuración de deudas como medida previa obligatoria al uso de las vías judiciales ordinarias (procedimientos monitorios) o especiales (ejecuciones hipotecarias).

 Efectos: Evitaría todas las dificultades actuales para acabar con los desahucios hipotecarios y las deudas que acompañan a personas y familias de por vida / haría innecesarios tantos subterfugios a los que hay que recurrir actualmente con escaso apoyo jurídico para ello, desde administraciones públicas y plataformas ciudadanas / favorecería el emprendimiento.

 Costes: No tiene e incluso mejora la posición de los acreedores.

 Plazos: 2016-2017

 · Aprobar una Ley Estatal de Rentas Mínimas. Tanto PSOE como CIUDADANOS, PODEMOS e IU llevan en sus programas propuestas de una Ley Estatal de Rentas Mínimas.

 Podría tomarse como referencia la ILP de CCOO y UGT, ya que evitaría problemas competenciales y permitiría que las CCAA asumieran con la intensidad y capacidad requerida sus Rentas Mínimas dirigidas específicamente a colectivos en situación o riesgo de exclusión.

 Efectos: equiparada inicialmente a los subsidios, supondría resolver de manera digna los problemas de pobreza severa en España, y avanzar en la igualdad

 Costes: A estudiar (10.000 millones de euros anuales). Necesidad de financiar con reformas fiscales

 Plazos: 2016-201

 · Reponer los recortes en la financiación estatal de la Dependencia. Derogar la disposición transitoria 11 del R.D. 20/2012 en el que se reduce un 13% el nivel mínimo y reponer el nivel acordado suprimido en las Leyes del Presupuesto General del Estado desde 2012.

 Efectos: Permitiría eliminar el "Limbo de la Dependencia" atender a las personas dependientes más / creación de unos 20.000 puestos de trabajo directos / alivio de la situación económica de las CCAA que asumen los costes del Sistema. Posteriormente se impone un pacto de Estado sobre esta cuestión en cuya discusión se replantee el modelo de financiación de los "long term care" en España y con epicentro en el modelo de financiación autonómica a debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

 Costes: 500 millones de euros anuales

 Plazos: 2016

 · Recuperar la financiación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, hasta el nivel previo a los recortes.

 Efectos: Este Plan firmado en 1987 entre el Estado y las CCAA constituye un pacto de Estado modélico, alcanzado mediante un consenso institucional; como tal tiene un extraordinario valor en estos momentos y podría ser una referencia positiva de colaboración y de articulación de competencias autonómicas y estatales. Tras el intento de demoler los servicios sociales locales con los sucesivos recortes y con la Ley 27/2013, recuperar la financiación del Plan Concertado sería algo simbólico del nuevo rumbo de las políticas sociales y de proximidad: Reforzaría la red básica que constituye el primer nivel de atención de las situaciones de pobreza y exclusión, con más de 8 millones de usuarios. Serían las estructuras públicas las garantes de la atención a las personas y familias empobrecidas, con garantías normativas, técnicas y procedimentales, frente a los intentos de retorno a prácticas y estéticas benéficas. Tendría una excelente acogida en los ámbitos profesionales.

 Costes: 70 millones de euros anuales

 Plazos: 2016

 Sobre la reforma constitucional y la Ley Estatal de Servicios Sociales.

 Los Servicios Sociales tienen el mismo status e identidad que el resto de Derechos Humanos Fundamentales ya que están establecidos como tales en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art.25.1), al igual que la educación, la salud, la seguridad social... y por tanto deben ser igualmente protegidos y garantizados, y también, así mismo, liberados de conflictos de intereses políticos territoriales, que tienden a consolidar la discriminación entre ciudadanos por pertenecer a un determinado territorio.

 La Reforma de la Constitución Española ha de asegurar la cohesión humana y social, incorporando los Derechos Sociales y, entre ellos, el derecho a los Servicios Sociales como Derechos Fundamentales de la Ciudadanía Española en la Sección Primera del TITULO I, para alcanzar el mismo tratamiento constitucional que las libertades y garantizar su efectiva aplicación.

 Los Servicios Sociales deben ser un Sistema Público de Protección Social basado en derechos subjetivos establecidos de forma universal mediante leyes básicas que garanticen su homogeneidad en todo el territorio español desde una perspectiva de Estado Federal. Por lo que es preciso aprobar una ley Estatal de Servicios Sociales que garantice derechos subjetivos de ciudadanía y que garantice el compromiso del Estado con la cobertura de las necesidades sociales básicas.

 Madrid, 16 de febrero de 2016

 Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España

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ÍNDICE DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 2015

 

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ÍNDICE DEC: VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2015

 

 

 

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ÍNDICE DEC: TABLAS DE DATOS DE CADA INDICADOR 2015

 

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UNA LEY INNECESARIA, DE MOTIVOS ESPURIOS Y EFECTOS PERVERSOS

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local supone un duro golpe contra la democracia local y contra el Sistema Público de Servicios Sociales que ha venido a crear, por si le faltaba algo al Sistema tristemente vapuleado y maltratado por la política española, un escenario de incertidumbre que amenaza la continuidad de muchos de los servicios tan necesarios para millones de personas y familias.

Desde el primer momento, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y la práctica totalidad del Sector (profesionales, empresarios, entidades sociales y plataformas ciudadanas) involucrados en la prestación de los Servicios Sociales se ha opuesto radicalmente a la denominada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

En nuestro argumentario, han figurado las siguientes razones:

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XXII CONGRESO ANUAL Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales

 Rentas Mínimas: Debate y Reflexión

 6 y 7 de noviembre de 2015 Fuenlabrada(Madrid)

 SÍNTESIS DE INTERVENCIONES Y DEBATES

 Realizada por: GUSTAVO GARCÍA HERRERO

 Se pueden enviar aportaciones que permitan completar o corregir esta síntesis antes del 23 de noviembre a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. ,

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 CONSIDERACIONES PREVIAS

 • Las características y las necesidades de la sociedad actual han superado aquellas para las que se pensaron los Sistemas de Ingresos Mínimos vigentes

Existe consenso en considerar que los sistemas de Rentas Mínimas que se pusieron en marcha en todas las Comunidad Autónomas a partir de los años 90 no responden a las características y necesidades de la sociedad actual.
En los años en los que surgieron, su reto era responder a las necesidades de un reducido sector de la sociedad que a la carencia de ingresos estables unía situaciones de exclusión social y dificultades personales para el acceso al empleo.
Actualmente la carencia de rentas y las consiguientes dificultades para cubrir las necesidades básicas afectan a decenas de miles de personas y familias empobrecidas por la pérdida de empleo o por la precarización laboral, que hace que el empleo ya no garantice siquiera la suficiencia para cubrir las necesidades básicas o para salir de la pobreza.
En esta situación, los requisitos para acceder o percibir las Rentas Mínimas estigmatizan a quienes se encuentran en estas nuevas situaciones, con su propia denominación ("de inserción") o con requisitos como la exigencia de firmar y cumplir "itinerarios de inserción". Al mismo tiempo, penalizan el acceso al empleo, cuando la única opción es hacerlo en condiciones precarias.
Todo ello es lo que hace necesaria una revisión en profundidad de estos Sistemas, y la consiguiente reflexión y debate, que ya se ha iniciado con fuerza y al que este Congreso ha tratado de contribuir.

 

• Carácter estructural de la extensión de la pobreza y la precariedad, y de la agudización de las desigualdades en nuestra sociedad
Las situaciones de pobreza y de precariedad tan extendidas, así como las extremas desigualdades no son algo coyuntural, consecuencia de la crisis, ni se superarán sólo con "la recuperación", con el crecimiento del PIB, sino que tienen carácter estructural en nuestra sociedad, consecuencia de políticas injustas que es necesario modificar.

 

• Las Rentas Minimas no son la panacea por si solas
Las Rentas Mínimas, en cualquier de sus versiones, aun siendo esenciales para una vida digna de cientos de miles de personas y familias, y un elemento de cohesión social y de distribución, no son la panacea ni serán capaces, por si solas, de reducir substancialmente la pobreza, la precariedad, ni las desigualdades.

 

• Protección laboral, Fiscalidad fuerte y progresista y un eficaz Sistema de Servicios Sociales
Incrementar la protección laboral, tan deteriorada a lo largo de los últimos años con la excusa de la necesaria recuperación económica, que garantice empleos dignos y de calidad, y una política fiscal progresiva, capaz de incrementar la recaudación, son dos aspectos imprescindibles en la lucha contra la pobreza, en la reducción de la precariedad y en el logro de una sociedad más justa e igualitaria. Las Rentas Mínimas, y un eficaz Sistema de Servicios Sociales, pueden contribuir eficazmente a estos objetivos y a que ninguna persona o familias queden al margen.

 

REGULACIÓN ESTATAL

 

• Existe amplio consenso en la necesidad de una regulación estatal en Materia de Rentas Mínimas. Podemos decir que el tema de la garantía de rentas se ha convertido en una cuestión de Estado, algo que no había ocurrido hasta ahora. Los grandes partidos y coaliciones que concurren a las elecciones, salvo el Partido Popular, llevan en sus programas algún tipo de propuesta para esta garantía de rentas.

 

• Diversidad de propuestas. A partir de este acuerdo en la necesidad de un marco estatal, las propuestas que presentan partidos políticos y otras organizaciones sociales son substancialmente diferentes. Desde la propuesta de un "Ingreso Mínimo Vital" que lleva el PSOE en su programa, pasando por el "Crédito Fiscal" que propone CIUDADANOS, la "Garantía de Rentas" de PODEMOS, con su reta diferencial y renta complementaria, la ILP de CC.OO y UGT, en el ámbito no contributivo de la Seguridad Social y complementaria con las Rentas Mínimas autonómicas, a la Renta Básica Garantizada que defienden determinados colectivos

 

• Diversidad de prácticas. Todas las Comunidades Autónomas, además de las ciudades de Ceuta y Melilla, cuentan con sus propios Sistemas de Rentas Mínimas. En este sentido, estas rentas tienen una cobertura e todo el Estado. Ahora bien, la diversidad es extraordinaria e injustificable en una cuestión de tanta trascendencia. Tanto en la cobertura poblacional (un 34,0% de la población del País Vasco es beneficiaria de este sistema, 1,4% en Castilla-La Mancha) como en su cuantía (17,3% de la renta media familiar en Cataluña, 6,7% en C. Valenciana), las diferencias son exageradas.
Ahora bien, se aprecia una cierta tendencia a la homogeneización, al menos en los planteamientos de reforma anunciados en varias Comunidades.

 

• Cuestión a resolver: complementariedad del marco estatal y el autonómico
Una posible regulación estatal de un Sistema de garantía de rentas en cualquier de sus propuestas, nos enfrentará a la cuestión de cómo se complementa con los sistema (tan diversos) que existen a nivel autonómico.
En algunas propuestas, los Sistemas autonómicos sería complementarios del estatal en cuanto a la población a la que beneficiaría (como en la ILP de CCOO y UGT); en otros podrían complementar las cuantías estatales; incluso se plantea que las actuales Rentas Mínimas autonómicas desaparecieran como tales y sus recursos se destinasen a dotar un eficaz Sistema de Servicios Sociales en materia de acompañamiento y apoyo para la inclusión.

 

UN DOBLE DERECHO: A LA GARANTÍA DE RENTAS Y A LA INCLUSIÓN

 

• La Garantía de Ingresos y la Inclusión constituyen dos derechos diferentes. Las nuevas situaciones de pobreza, vinculadas a la extensión del desempleo y a la precarización de las condiciones laborales, hace que exista un amplio consenso en la necesidad de que la garantía de ingresos no se vincule, con carácter obligatorio, a la inclusión social. En consecuencia se plantea la necesidad de articular un doble derecho, con sus consiguientes mecanismos que los garantices, también diferenciados, aunque por su propia naturaleza, complementarios: el derecho a unos ingresos garantizados, y el derecho a la inclusión.

 

• ¿Garantía de ingresos incondicional?
En relación con el derecho a una garantía de ingresos se plantean cuestiones relacionadas con los requisitos de acceso, tales como el empadronamiento, la residencia, la edad y otros más en función de las diferentes opciones, como ser demandantes de empleo (en la ILP que vincula esta garantía a la Seguridad Social en su nivel no contributivo).
Ahora bien, más allá de estos requisitos, se plantea un debate sobre si esta garantía de rentas debe estar o no condicionada al cumplimiento de determinados compromisos o comportamientos relacionados con los deberes como ciudadano/a. Así hay quien aboga por vincular el derecho a una Renta Mínima garantizada de cualquier otra cuestión que no sean los antedichos requisitos de acceso, mientras que otras opiniones proponen esta incondicionalidad este limitada temporalmente, o por el cumplimiento de determinadas exigencias de ciudadanía o de motivación en la búsqueda de empleo.

 

• La desmotivación y los efectos sobre el empleo de una renta mínima garantizada
Una cuestión que surge inevitablemente al plantear una garantía de ingresos no condicionada a compromisos de inserción o a una búsqueda activa de empleo es si puede conllevar en sus perceptores desmotivación, especialmente en materia de empleo.
Las evidencias empíricas, así como determinadas investigaciones sugieren que ese riesgo, aunque pueda manifestarse en algunos de los perceptores, en ningún caso tiene un carácter mayoritario ni tan siquiera significativo, y no pueda utilizarse para oponerse al establecimiento de un sistema de rentas mínimas garantizadas ni para establecer requisitos que lo vinculen necesariamente a una conducta activa de búsqueda de empleo.

 

• Complementariedad con rentas de trabajo insuficientes
La complementariedad de las rentas mínimas garantizadas con ingresos que puedan provenir de rentas salariales, cuando estas no alcanzan determinado nivel, bien por la temporalidad o por ser trabajos a tiempo parcial, es otra de las cuestiones debatidas. Se apunta un consenso bastante amplio en el sentido de hacer posible esta complementariedad, si bien con matices diversos en las diversas propuestas. Más aún, en determinadas propuestas se plantea que los nuevos sistemas de garantía de rentas no solo no deben penalizar sino que deben motivar e incentivar la búsqueda de empleo y el empleo, estableciendo niveles más elevados para este complemento de rentas salariales.

 

• Efectos sobre los salarios de la complementariedad de una renta mínima garantiza con rentas de trabajo insuficientes.
Existe un debate, especialmente sensible en ámbitos sindicales, sobre si complementar las rentas salariales insuficientes con un ingreso mínimo garantizado, no supone una trasferencia encubierta a las empresas, que les permita ahorrar pagando salarios más reducidos, ya que serían complementados por el Estado. Los efectos de estas rentas mínimas garantizadas profundizarían la precarización de las condiciones laborales, especialmente la de unos salarios más bajos.
La evidencia es que lejos de tener un efecto negativo sobre los salarios, una renta mínima garantizada contribuye al incremento de los salarios, si muchas personas, al tener estos ingresos mínimos garantizados tienen la opción de rechazar empleos que ofrecen retribuciones muy reducidas, lo que obliga a este incremento salarial (los salarios en el País Vasco, la Comunidad con mayor extensión de este sistema de garantía de ingresos, son buena prueba de esta afirmación). Al mismo tiempo, establecer garantías de rentas más elevadas para quienes tengan salarios bajos, evita que el rechazo a empleos con muy baja retribución se convierta en una desmotivación generalizada hacia el empleo.

 

SERVICIOS SOCIALES Y GARANTÍA DE RENTAS

 

• Un necesario replanteamiento del papel de los Servicios Sociales
En función de que el derecho a la garantía de rentas se lleve a cabo de una u otra manera, será diferente el papel de los servicios sociales. Pero en todo caso se hace necesario un replanteamiento profundo del papel de los Servicios Sociales en relación con la garantía de rentas, algunas de cuyas claves son las que se expresan a continuación

 

• Separar el papel de control del de activación e intervención social
Una de las cuestiones que se plantea con mayor claridad es la necesidad de separar las responsabilidades sobre el control de requisitos para acceder o percibir la renta garantizada (prueba de ingresos, residencia, composición familiar, etc.), de quienes deben garantizar los procesos de activación para la inclusión social.
El control de requisitos y el seguimiento debe estar en manos de departamentos administrativos, mientras que la activación debe ser responsabilidad de los profesionales y los equipos de intervención social.
La experiencia en los Sistemas de Rentas Mínimas vigentes están evidenciando lo inadecuado de que ambas funciones recaigan sobre los mismos profesionales y equipos, tanto a nivel local (centros de servicios sociales y, en particular sobre los/as trabajadores/as sociales de base), como a nivel autonómico.
La diferencia que se propone permitiría por un lado, una mayor agilidad en la gestión (asumida por departamentos especializados en ello) y, por supuesto, una mayor capacidad de intervención de los equipos técnicos, no solo por verse liberados de las tareas administrativas sino por lo negativo que supone asumir a un mismo tiempo labores de control e inspección, y de motivación y apoyo.

 

• La importancia del ámbito local. El valor de la proximidad
En este nuevo rol de los servicios sociales, como activadores de procesos que garanticen el derecho a la inclusión, es necesario reivindicar la importancia de lo local, el valor de la proximidad, ya que la inclusión solo es posible en los entornos en los que se desarrolla la vida familiar y vecinal de las personas, es decir, en los entornos de proximidad.
Reforzar el papel de las entidades locales en materia de servicios sociales es fundamental para ello. Por eso, se espera del próximo gobierno que dé marcha atrás en la nefasta demolición de los servicios sociales de las entidades locales que establece la mal llamada Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

 

• Cómo hacer operativo el derecho a la inclusión
Uno de los mayores retos para los servicios sociales en los próximos años, será el de concretas los procesos, proyectos o actuaciones a través de los cuales se haga operativo el derecho a la inclusión. En este sentido va a ser necesario descender del terreno de las formulaciones y los discursos, aunque sin perderlos de vista, al terreno de lo concreto, de lo cuantificable y de lo medible.
Si la inclusión social es un derecho, debe ser concretado y financiado por las Administraciones. Para ello es imprescindible establecer módulos operativos que puedan estar contemplados en los Presupuestos de las Comunidades Autónomas (Administraciones competentes en materia de inclusión social), para financiar proyectos de entidades locales y de organizaciones sociales, y para su seguimiento y evaluación.
Va a ser una tarea apasionante definir estos módulos, así como los consiguientes procedimientos y técnicas de intervención. Una tarea que compromete a los servicios sociales y nos enfrenta a un reto que puede abrir nuevos horizontes y revitalizar su situación actual, superando su excesiva vinculación actual a la gestión de prestaciones y al control de requisitos.

 

• Simplificar y agilizar
Existe un consenso total en la necesidad de simplificar y agilizar los procesos de concesión de rentas mínimas. La experiencia dice que el retraso en las mismas conlleva graves dificultades para sus perceptores y riesgos de agudización de los procesos de empobrecimiento y de exclusión.
Especialmente cruel ha sido recurrir a la complicación de los procedimientos para dificultar o retrasar el acceso a estas rentas, como medio para recortar el gasto que conllevan. Por fortuna, los nuevos gobiernos autonómicos están mostrando mayor sensibilidad y acortando los plazos de concesión o renovación. Como estas prácticas ponen de manifiesto, es posible conseguir esta agilidad en la gestión con voluntad política, con la simplicación de los trámites y requisitos, y con el uso de herramientas adecuadas, como la automatización de la gestión, el intercambio de información entre Administraciones, las firmas electrónicas...

 

CUANTÍAS Y COSTES

 

• Porcentajes del SMI / IMPREM o asimilar a cuantía de los subsidios
Las diferentes propuestas en materia de garantía de ingresos o rentas mínimas establecen las cuantías de las mismas en porcentajes en relación con el Salario Mínimo Interprofesional o el IPREM, o asimilándolas a la cuantía de los subsidios por desempleo o de las pensiones no contributivas.
Hay diferentes propuestas en cuanto a que prestaciones dejarían de existir en función del modelo de garantía de ingresos o rentas mínimas que se establezca.

 

• Complemento por composición familiar y por alquiler de vivienda
La mayor parte de las propuestas contemplan complementos a la cuantía general de la percepción, en función de la composición familiar (con incrementos porcentuales por el número de miembros) o por alquiles de vivienda.
Se contempla con especial importancia la existencia de menores de edad en la unidad familiar, habida cuenta de la especial incidencia y significación que tiene sobre este colectivo las situaciones de pobreza. Para ello se contemplan incrementos porcentuales más significativos o incluso subsidios específicos por hijos/as a cargo, según las diferentes propuestas
Una propuesta muy bien recibida apuesta incluso por comenzar un proceso de renta básica garantizada por los menores de edad.

 

• Entre 1,5 y 2 puntos del PIB
Lógicamente las diferentes propuestas ofrecen diferentes previsiones de costes. Estos oscilan de los 7.700 millones de € del "crédito fiscal" que propone CIUDADANOS (al que habría que sumar el coste de las rentas mínimas autonómicas), 12.600 millones en la propuesta de IU, 15.000 millones en la de PODEMOS, y entre 11.000 y 17.000 millones en la ILP de CC.OO, a la que habría que sumar, igualmente, el costes de las rentas mínimas autonómicas.

 

• Costes de gestión, ahorros y retornos
Un aspecto importante a considerar en las diferentes propuestas, son sus facilidades o dificultades de gestión y sus consiguientes costes, que hay que añadir a los costes directos antedichos.
De la misma manera hay que tener en cuenta los ahorros que cada sistema conllevaría, en forma de supresión de otras prestaciones o de menores gastos en servicios que proporcionan atención a necesidades básicas que, en buena medida, una renta garantizada aminorarían.
Por último, serían muy importante contemplar y cuantificar los efectos que un determinado nivel de garantía de rentas tendría sobre el consumo y sobre la economía en general, así como los retornos en forma de impuestos al consumo que generaría.

 

PERCEPCIÓN SOCIAL

 

Aunque a lo largo del Congreso no se pudo dedicar la atención que el tema merece, no se dejó de señalar la importancia de la percepción social a la hora de legitimar la implantación de un sistema de garantía de rentas o ingresos mínimos.
Existen numerosos lugares comunes y mitos muy extendidos sobre los efectos de estos sistemas, que van desde los ya comentados de la desmotivación hacia el empleo, los efectos negativos sobre los salarios, y especialmente magnificando el fraude o mal uso de estas rentas por parte de algunas personas, familias o colectivos.
Este último aspecto, muy especialmente, ha sido y seguirá siendo utilizado de manera profusa por parte de los entornos más ultraliberales, empeñados en inventar historias exageradas en las que se muestra a los perceptores de estas rentas, como en general a quienes perciben ayudas o servicios sociales, como vagos, aprovechados y parásitos que viven a costa de los honrados contribuyentes y de la gente trabajadora.
Es muy importante combatir estas mentiras y entrar de lleno en la lucha ideológica y cultura que todo avance en la protección social exige para implantarse y consolidarse
Al fin y al cabo, como bien dice T.Piketty, la extensión y agudización de las desigualdades no tiene tanto que ver con la eficacia de aparato represivo, como con la eficacia del aparato justificativo.

 

MANIFIESTO POR LA COORDINACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

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Las tres organizaciones profesionales aliadas en la defensa de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales – Federación Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (AEDGSS) y la Asociación Española de Trabajo Social y Salud (AETSYS)- presentamos este manifiesto que recoge las propuestas sobre “La Estrategia de Atención Sociosanitaria”, que desearíamos que fuesen asumidas por los grupos políticos que concurrirán a las próximas elecciones generales.
La coordinación y la atención sociosanitaria afectan a la vida de cientos de miles de personas que necesitan servicios sanitarios y sociales, porque confluyen en ellas la enfermedad -o sus secuelas- junto a dificultades en la autonomía personal, la convivencia, la inclusión o la participación social. Pueden ser personas mayores con dependencia, personas con enfermedad mental y discapacidad, personas adultas con enfermedades degenerativas, niños, niñas enfermos en situación de semi-abandono o mujeres que sufren malos tratos, personas con enfermedad y sin hogar… todo un elenco de situaciones de sufrimiento, que pueden modificarse con la coordinación sociosanitaria.
Nos consta la escasa repercusión que han tenido los diferentes documentos elaborados, o solicitados, por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Y nos consta también que se ha utilizado un lenguaje confuso, en el que no aparecen con claridad los diferentes intereses que existen en el modelo de atención sociosanitaria. Intentamos aclarar algunos de ellos a través de una síntesis de los antecedentes:
- Existe un mandato legal sobre la coordinación sociosanitaria, tanto en la legislación del sistema de salud, como del sistema de servicios sociales1. Simplemente es un mandato que, con pocas excepciones, no se ha estructurado en la práctica.
- Las Comunidades Autónomas han impulsado algún tipo de atención sociosanitaria, cada una en función de su capacidad y sus modelos de planificación y gestión de los servicios sanitarios y sociales. No existe una atención sociosanitaria con mínimos comunes a nivel estatal.
- El sistema de servicios sociales es sensiblemente más frágil que el de salud. Tiene mayor escasez de recursos y prestaciones y mayor burocracia, características que siguen limitado severamente su capacidad.
- Han irrumpido en el “espacio sociosanitario” las grandes empresas, decididas a cubrir el nicho de negocio que suponen la enfermedad crónica y la dependencia, desde una posición de poder e influencia, bien diferente a la de las organizaciones sociales que ya en el siglo XX, prestaban servicios sociales, o complementaban algunos servicios de salud……
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un año después de la presentación del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria (2011), inició un proceso de consultas y elaboración de informes para articular una estrategia de atención y coordinación sociosanitaria, cuyo resultado es hasta el momento un “Documento base para una atención sociosanitaria integral”.
Simultáneamente se producía un “tsunami” de recortes en los servicios públicos sanitarios y sociales, cuyas consecuencias en la ciudadanía están siendo de una gravedad inconmensurable2, abriendo de par en par las puertas a la mercantilización de servicios de ambos sistemas, especialmente a los lobbies empresariales cada vez más interesados en las oportunidades de negocio que se presentan con el debilitamiento de servicios públicos esenciales. Un negocio, cuya base son los grandes centros de coste (hospitales y residencias) que se co-financian con fondos públicos y a los que se sumarán las aportaciones de quienes necesiten estos servicios y puedan pagarlos. La amenaza de no contar con la cobertura de los servicios públicos, está llevando al florecimiento de un negocio vinculado al anterior: el de los ahora llamados “seguros complementarios” para la cobertura privada de la enfermedad, las pensiones, la dependencia, etc…. Los recortes, y la extensión de la pobreza, han favorecido además que las mujeres sigan prestando cuidados familiares, cada vez más complejos y devastadores para su calidad de vida.
La excusa ha sido la “sostenibilidad”, la crisis, el déficit público…. que han servido para justificar la vulneración derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social, para asegurar que la privatización, o la entrega de la gestión, son soluciones mágicas para abaratar los servicios y enriquecer las arcas privadas.
En este contexto, entendemos que es imprescindible tener en cuenta los riesgos que pueden producirse:
- Minimizar el papel de los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, como responsables de la coordinación sociosanitaria y garantes de la calidad de las prestaciones.
- No invertir en la estrategia de coordinación y atención sociosanitaria.
- Mantener los desequilibrios entre los dos sistemas, no paliar carencias de cobertura y mantener, o disfrazar, los recortes presupuestarios. Debilitar el sistema de servicios sociales, poniendo sus escasos recursos al servicio de la necesidad de liberar camas hospitalarias.
- Minimizar el papel de la atención primaria en salud y en servicios sociales, olvidando que la mayor parte de las personas que necesitan simultánea o sucesivamente prestaciones sanitarias y sociales, viven en sus hogares.
- Reducir la atención sociosanitaria al trasvase de personas de los hospitales a residencias, entregando a las grandes empresas del sector la gestión de los “centros sociosanitarios”.
- Mantener el mandato legal de coordinación sociosanitaria, sin una política de estado que garantice atención sociosanitaria de calidad en todos los territorios.
Reiteramos que el objetivo de la atención sociosanitaria se concreta en mantener o mejorar la calidad de vida de las personas que presentan, de forma simultánea o sucesiva, enfermedad, dependencia y dificultades sociales, mediante la atención integrada de los servicios sanitarios y sociales. Añadimos que la coordinación sociosanitaria puede reducir costes, ser más eficiente, eliminar -o al menos reducir- consultas y ser muy apreciada por las personas usuarias. No crea un nuevo sistema, sino utiliza y coordina los dos sistemas públicos ya existentes Pero estos beneficios no se producen a corto plazo.
Las tres organizaciones profesionales firmantes del documento, plantean líneas irrenunciables para la coordinación y la atención sociosanitaria3:
- Es responsabilidad pública garantizar los derechos sanitarios y sociales. Corresponde a la Administración Pública adoptar las decisiones sobre la estrategia de atención sociosanitaria, la planificación, el procedimiento de acceso a las prestaciones, la provisión de servicios4, la fiscalización e inspección y la evaluación.
- La coordinación sociosanitaria exige una inversión tecnológica, que haga posible la interoperabilidad de los sistemas informáticos para compartir la información, establecer un plan integrado de cuidados sanitarios y sociales y favorecer la participación de las personas usuarias y sus cuidadoras.
- La estrategia de coordinación y atención sociosanitaria debe establecer un conjunto de medidas transitorias, que palíen los desequilibrios de cobertura entre los sistemas de salud y de servicios sociales y favorezca la coordinación interna entre la atención primaria y la especializada. Son medidas para resolver demandas urgentes, que a su vez deben inscribirse en la visión y la planificación a largo plazo5
- La atención primaria, en salud y en servicios sociales, es prioritaria: son los servicios de apoyo en el entorno vital de las personas. Son servicios de proximidad que necesitan todas las personas con enfermedad y dificultades de autonomía o convivencia – también sus cuidadoras familiares- para continuar viviendo en su hogar y para disminuir ingresos hospitalarios, evitables con cuidados domiciliarios y servicios diurnos adecuados e integrales.
- Los sistemas públicos de Servicios Sociales y de Salud son responsables de la financiación, la organización y la calidad de sus prestaciones. El catálogo de prestaciones de atención sociosanitaria no es más que la parte del catálogo de referencia o cartera de servicios existente en uno y otro sistema, que afecta a personas concretas con necesidades de apoyo sanitario y social. En este sentido hay que desarrollar una red de atención sociosanitaria pública.
- La garantía de continuidad de atención, que las personas deben recibir como un todo integrado, solo será posible cuando la atención social y sanitaria, articulada en un plan de cuidados compartido y contando con los dispositivos de ambas redes asistenciales, permita a la ciudadanía transitar por ambos sistemas de forma fluida y recibir las prestaciones integradas en el momento en el que se necesitan, y con la máxima calidad y calidez.
- Son instrumentos básicos que pueden garantizan una buena atención sociosanitaria:
* Estructura y órganos de coordinación, en todos los niveles (directivo, gestor y profesional, de ambos sistemas) que compartan procesos y procedimientos y que asuman la responsabilidad de su puesta en funcionamiento y evaluación.
* Metodología de trabajo común basada en la Gestión de Procesos y Gestión Compartida de Casos que establezca herramientas comunes: guías, procesos, procedimientos y protocolos de acceso y alta para garantizar la continuidad de los cuidados.
* Sistema de información compartido, con acceso a los datos significativos para la coordinación y elaboración del plan de cuidados y prestaciones, mediante la interoperabilidad de los sistemas existentes o con la creación de una interface de uso común.

 

Por último: hay miles de profesionales, que cada día trabajan para mejorar la atención social y sanitaria de las personas más frágiles y para mejorar su calidad de vida. Hay cientos de miles de personas, y familias, que tienen capacidad para el autocuidado y para participar activamente en los planes para limitar su sufrimiento y para aumentar su calidad de vida. Todavía falta una sólida política, estatal y autonómica, de coordinación y atención sociosanitaria que les aliente y apoye.

 


José Manuel Ramírez Navarro Marciano Sánchez Bayle Agustina Hervás de la Torre
AEDYGSS FADSP AETSYS

 



1 Ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud (2003), Ley de Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia (2006), Leyes Autonómicas de Servicios Sociales (2006-2015) Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud (2012) …..
22 Ver el XV Dictamen del Observatorio de la Dependencia y el Informe sobre el Estado Social de la Nación 2015: www.directoressociales.com/, así como el documento “Los servicios sanitarios de las CC. Autónomas- Informe 2015” , de la Federación de AA para la Defensa de la Sanidad Pública http://www.fadsp.org/
3 Tres de ellas recogidas textualmente del “Decálogo para una estrategia de coordinación y atención sociosanitaria”. Ver en www.aetrabajosocialysalud.es
4 Recordemos que no contar con servicios públicos significativos y consolidados, lleva directamente a dejar el sector en manos del mercado y los mercaderes.
5Los “planes sociosanitarios”, con algunas excepciones, no han tenido ni la coherencia, ni la persistencia, necesarias, a pesar de los éxitos de la mayoría de las experiencias piloto.

 

 

 

EVOLUCIÓN 2011-2015 DE LOS DATOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y COSTES DE FINANCIACIÓN DEL SISTEMA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

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EL EXAMEN SOBRE EL TERRITORIO Y APLICACIÓN DE LA ESCALA

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XV DICTAMEN DEL OBSERVATORIO

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DECÁLOGO PARA ELEGIR RESIDENCIA PARA UNA PERSONA MAYOR

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1. Previa. Antes de decidir el ingreso definitivo de una persona mayor en una residencia conviene valorar bien si esa es la opción adecuada a sus necesidades, teniendo en cuenta su estado físico y mental, su entorno social y familiar y si el hogar en el que vive está capacitado para responder a su situación y facilita una correcta atención. Existen diferentes opciones que hay que valorar para ver si esa persona puede permanecer en su domicilio o con su familia, si es posible: servicios como la ayuda a domicilio, comidas a domicilio, teleasistencia y sistemas de seguridad en el hogar, adaptaciones en la vivienda y soluciones domóticas, centros de día, así como estancias temporales en residencias.
Es recomendable acudir a un profesional de los servicios sociales para asesorarse sobre la alternativa más adecuada, así como para conocer si puede acceder a un servicio público o recibir alguna ayuda en función de su situación personal y económica.

 

 

2. Búsqueda de residencia. Para iniciar la búsqueda es aconsejable pedir asesoramiento en los servicios sociales de su localidad y, si es posible, solicitar un listado de residencias con plazas concertadas en el entorno que interese centrar la búsqueda, ya que lo normal es que los centros con plazas concertadas tengan una acreditación específica, que sea garantía de calidad, además de cumplir la normativa vigente. Es también útil preguntar en su entorno social y familiar si hay alguna persona que conozca el sector.
No es aconsejable iniciar la búsqueda de residencia exclusivamente a través de Internet. Este medio puede ser útil para comprar determinados productos o servicios, pero no para asesorarse sobre la residencia que ofrece más calidad de servicio o mejor relación calidad precio, ya que existen muchos portales en internet de búsqueda de residencias, creados por empresas que no siempre aconsejan los centros que mejor servicio proporcionan, sino aquellos que pagan por obtener una mejor puntuación.

 

3. Visita. Nunca se debe elegir una residencia sin haber visitado previamente todas las que hayamos seleccionado por nuestras necesidades de servicio. Es muy importante la disposición del centro a enseñarnos sus instalaciones y explicarnos sus servicios con facilidad. En un horario prudente (que respete las horas de comida y sueño), hacer una visita a un centro sin haber concertado cita por teléfono previamente, y que este centro tenga la disposición de enseñarnos todas sus instalaciones y darnos toda su información en cuanto al servicio que prestan, refleja una buena disposición y seguridad del mismo.

 

4. Visión y transparencia. Cuando entramos en un Centro de Mayores todo lo que nos rodea nos habla de cómo se trabaja ahí, por lo que debemos tener abiertos todos los sentidos desde la vista hasta el olfato. Debemos tener en cuenta que lo sucio huele e indica dejadez y si esto lo mezclamos con imágenes de deterioro de mobiliario e instalaciones es muestra evidente de una mala gestión del entorno del usuario, por lo que refleja que el servicio carece de calidad.
La transparencia es fundamental tanto en las explicaciones del servicio que se da como en las instalaciones que nos enseñan ¿Si nos enseñan donde va a dormir la persona, por qué no enseñarnos en qué cocina se elaborará la comida que va a comer, que menús estarán a su disposición, en que lavandería se lavará su ropa...?

 

5. Servicios. Es fundamental conocer qué servicios tiene el Centro. Muchos centros ofrecen servicios que no son propios, por ejemplo, residencias que dicen tener servicio de

 

enfermería y médico, pero no dicen que es el servicio que da el Centro Sanitario de esa zona a cualquier domicilio. Que los profesionales que dan los servicios en los centros sean propios, implica que trabajen por los usuarios con seguimiento individualizado.
Es importante saber también cuál es la disponibilidad de los servicios, qué jornada dedica cada uno de ellos a la atención del usuario. Muchos Centros ofrecen servicios de fisioterapia o terapia ocupacional y no reflejan que estos servicios se dan sólo 3 horas semanales y sin dedicación exclusiva y diaria al usuario.

 

6. Autonomía personal. Un aspecto de extraordinaria importancia al elegir residencia es comprobar que en ella se esfuerzan por conservar en la medida de lo posible la autonomía personal de sus usuarios y que tiene para ello un proyecto y unos procesos que se ejecutan por profesionales técnicos competentes. Para ello es necesario un buen servicio de fisioterapia y de terapia ocupacional, que no solo ofrezca actividades grupales sino una atención individualizada a cada usuario.

 

7. Autorizaciones administrativas. En el tablón de anuncios del Centro deben estar expuestos los documentos que acrediten que cuenta con todos los permisos y licencias pertinentes. Ello constituye la garantía de que tiene las medidas de seguridad, higiene y calidad que las normas establecen. Si estos documentos no están visibles, debe exigirse a la dirección del centro que los muestre. Estas son las autorizaciones administrativas con las que debe contar un centro residencial para personas mayores:
Licencia de Actividad y de Apertura otorgada por el Ayuntamiento correspondiente. Este documento acredita, entre otras cosas, que el centro cumple con las medidas de seguridad en caso de incendios, inundación, etc.
Autorización de Funcionamiento e inclusión en el Registro de Centros y Servicios Sociales del Gobierno de la Comunidad. Corresponde a las CCAA y a sus servicios de inspección controlar que los centros cumplen las condiciones materiales y funcionales y en concreto que cuenta con la dotación de personal necesario para ejercer la actividad.
Autorización de Sanidad para un Servicio de Elaboración de Alimentos y Comedores Colectivos, como se exige a cualquier establecimiento público de restauración.
Autorización de del Departamento de Salud de la CCAA por el que se acredita que el centro cumple con las normas exigidas para prestar servicios de Médicos, de Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, etc.

 

8. Precio. Hay que tener en cuenta si el precio incluye todos los servicios que ofrezca la residencia. Es lo que se llama "precio cerrado". Hay muchos Centros que dan un precio fijo mensual al que luego suman importes diferentes dependiendo de los servicios que haya recibido, tales como peluquería, podología y otros. Con ello no es posible saber el precio que finalmente se va a pagar, quedando así margen para el abuso por parte del Centro e inseguridad por parte del usuario.

 

9. Contrato. Es imprescindible exigir un contrato por escrito y leerlo detenidamente antes de firmarlo y decidir el ingreso en la residencia. El modelo de contrato debe ser aprobado por el órgano competente del Gobierno Autónomo con carácter previo a la Autorización de Apertura del centro.
El contrato tiene que estar encabezado, por el Centro y el usuario (quienes firman) y en caso de que el usuario muestre incapacidad para decidir, encabezar el contrato con la firma del familiar responsable que se declare, si no existe incapacitación judicial, en cuyo caso

 

será quien esté asignado como tutor el que constará en el mismo, indicando los datos del documento de incapacitación.
Estos son algunos aspectos que interesa ver con detenimiento en el contrato:
• Señalar si el día que se firma el contrato es el mismo día que se empieza a prestar el servicio y por lo tanto desde ese día se facturará al usuario.
• Plasmar de forma clara también, el importe mensual que corresponde al abono del servicio. Los Centros acreditados tienen expuestas las Tarifas oficiales compulsadas anualmente por el órgano competente de la correspondiente Comunidad Autónoma.
• En el contrato existe la obligación de especificar que con la firma del mismo, el usuario o su familiar responsable en su caso, tiene derecho a recibir una copia del Reglamento de Régimen Interior del Centro, el cual debe estar compulsado por el departamento de Inspección de Servicios Sociales para garantizar que refleje con claridad tanto los derechos del usuario como las normas del Centro.
• Especificar la autorización del usuario al Centro para facilitar a su familiar responsable la información que necesite de su estancia en el Centro.
• En el contrato el Centro debe especificar que asume la guardia y custodia de toda la información de carácter personal y sanitario del usuario (protección de datos)
No deje de preguntar sobre cualquier aspecto que no esté claro o que eche en falta, hasta que tenga claro lo que dice ese contrato que va a firmar.

 

10. Contacto familiar. La posibilidad de mantener el contacto con la familia a través de visitas, llamadas telefónicas (internet, ya en algunos casos) o salidas, es una de las cosas más importantes para la calidad de vida de las personas que viven en una residencia. Por eso interesa mucho saber si existen en la residencia se promueven y facilitan estos contactos o si existen limitaciones más allá de las que resultan obvias por respeto a la intimidad o al descanso del resto de residentes, como por ejemplo horarios muy reducidos para las visitas o llamadas, o impedir el acceso de las familias a las habitaciones del residente.
Es también muy importante a la hora de elegir residencia, la ubicación de la misma, para mantener a la persona mayor lo más cerca posible de su entorno y facilitar así las visitas de familiares y amigos y, si es posible las salidas y paseos por lugares conocidos para el/ella.

 

Para más información:
Coordinador documento Asociación: Gustavo García
José Manuel Ramírez Navarro, Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales
e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

 

 

 

FOLLETO INFORME SOBRE  EL ESTADO SOCIAL DE LA NACIÓN

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INFORME SOBRE EL ESTADO SOCIAL DE LA NACIÓN

Y si ya hemos salido de la crisis...?

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