Más de 11.700 dependientes leves tendrán que esperar hasta 2015 para recibir ayudas

El periódico, Extremadura, Rocio Entonado 08/01/2013

El parón decretado por el Gobierno central para la Ley de la Dependencia hará que más de 11.700 beneficiarios extremeños tengan que esperar al menos hasta julio de 2015 para comenzar a recibir sus ayudas. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la adaptación que ha hecho la Junta de la normativa estatal  y en ella se recoge que los dependientes leves, que tendrían que haber comenzado a recibir sus prestaciones en el periodo comprendido entre 2011 y 2013, quedarán excluidos del sistema otros dos años más. En el texto se incluye también la modificación del catálogo de servicios y prestaciones económicas a las que pueden optar quienes soliciten ayudas a partir de ahora, que dejan de ser compatibles entre sí a excepción de la Teleasistencia. Además, se incrementan los porcentajes de aportación del usuario y se reducen un 15% las cuantías que perciben los cuidadores, recortes que se suman a la ampliación de seis meses a dos años en el plazo para resolver los expedientes.

Para cubrir primero las necesidades de las personas con menos autonomía, la Ley de la Dependencia se aplica de forma gradual, distinguiendo a los beneficiarios entre grandes dependientes, dependientes severos y dependientes moderados. Cuando se aprobó en el 2006, la previsión era que cinco años después todas las personas que lo necesitaran tuvieran cubiertas sus necesidades de atención. Los grandes dependientes o dependientes de Grado III debían entrar en el sistema entre los años 2006 y 2007; los dependientes de Grado II, severos, debían hacerlo entre 2008 y 2009 y los de Grado I o dependientes leves, entre los años 2011 y 2013. Pero lejos de la realidad, el colapso por el gran número de solicitudes recibidas --cerca de 50.000 solo en Extremadura-- y la imposibilidad de hacer frente al coste de la ley ha impedido a la Administración resolver cada caso conforme a los plazos establecidos, de tal forma que el sistema siempre ha funcionado con retrasos hasta llegar a la casi completa paralización en el año 2011.

Esta circunstancia ha impedido que los dependientes leves hayan comenzado a recibir sus ayudas pese a tener derecho a ello desde el 2011, y ha facilitado la moratoria del Gobierno que ahora acata la Junta y que les emplaza a seguir esperando dos años más.

MAS AFECTADOS Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el retraso afectará a un total de 11.761 extremeños que a 1 de diciembre estaban reconocidos como dependientes de Grado I, de los que más de 3.000 ya tenían la prestación asignada antes del 31 de diciembre de 2011. Pero no solo estos se verán afectados. El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, explica que con los cambios introducidos, también aumenta de seis meses a dos años el plazo máximo legal para resolver los expedientes sin pagar retroactividad, lo que también perjudica a los dependientes de Grado II y III. "De todas las medidas que se han tomado contra la Ley de la Dependencia esta es la más cruel y desarmada. El 50% de los solicitantes supera los 80 años y el 66% los 65. Más de la mitad habrá muerto antes de recibir una ayuda a la dependencia. Ese es el planteamiento", indica.

Ramírez también explica que a raíz de los cambios introducidos, los servicios y prestaciones que se ofrecen dejarán de ser compatibles entre sí , a excepción de la Teleasistencia. "La tragedia de tener acceso a un centro de día y no poder acudir al mismo por la desatención para levantarse y asearse (ayuda a domicilio) podría ser un claro ejemplo de la ignominia de las decisiones adoptadas", critica. Al tiempo, se incrementan las aportaciones de los usuarios y los descuentos sobre las prestaciones a percibir, lo que llevará a límite la capacidad real de las economías familiares y afectará negativamente al patrimonio de las personas dependientes, que en su mayoría son pensionistas. "A cambio de este sacrificio, se empeora la atenciones y la intensidad de los servicios de proximidad, especialmente la ayuda a domicilio", dice.

Por último, la cuantía de las prestaciones económicas que reciben los cuidadores familiares (están en el entorno de los 500 euros mensuales) se verán reducidas un 15%. Esta medida afecta especialmente a Extremadura, que a la hora de aplicar la Ley de Dependencia en la mayoría de los casos ha optado por dar al beneficiario una prestación económica ante la inexistencia de una red de servicios sociales profesionalizados con suficiente cobertura y flexibilidad. De hecho, de las 19.482 personas que a 1 de diciembre recibían prestaciones, en el 75% de los casos esta era una ayuda económica vinculada a un servicio o el cuidado de un familiar.

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