“El Gobierno ha recortado derechos, presupuesto y ha realizado una derogación encubierta de la Ley de Dependencia”

sanitaria 2000 03/01/2013

JOSÉ MANUEL RAMÍREZ, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES

"Si no se atiende ahora a un dependiente moderado, más tarde se le atenderá como gran dependiente

José Manuel Ramírez pone voz desde hace años a los gerentes de servicios sociales, y lo hace sin morderse la lengua. En los últimos meses no ha dudado en enarbolar la bandera contra los recortes  en el sector de los servicios sociales y la atención a personas en situación de dependencia. Tras un año plagado de noticias negativas,

Ramírez ha atendido a Publicación de Dependencia y Atención Sociosanitaria para hacer balance, y empieza fuerte, acusando al Gobierno de Mariano Rajoy de haber recortado "derechos y presupuestos" y haber avanzado hacia una "derogación encubierta de la Ley de Dependencia".

José Manuel Ramírez.

El pasado mes de julio el Gobierno de Mariano Rajoy aprobaba una reforma de la Ley de Dependencia. ¿Cuáles han sido a su juicio las consecuencias más destacables?

En realidad el Gobierno de Rajoy ha hecho tres reformas: la primera para recortar derechos, la segunda para recortar presupuesto y la tercera fue la del Real Decreto de julio al que hace referencia y que fue prácticamente una derogación encubierta de la ley.

Fíjese que ha habido 29 reales decretos en toda esta legislatura, y tres de ellos son referidos a la Ley de Dependencia. Parece ser que la única promesa que Rajoy va a cumplir es aquello de declarar inviable la ley. En el primer momento recortó derechos modificando el artículo del calendario, llevando a los moderados primero a 2014 y luego a 2015. La segunda, recortando presupuesto con la eliminación del nivel conveniado, lo que supuso dejar de inyectar al sistema 283 millones desde la deslealtad institucional a las comunidades autónomas, es decir, dejando de financiar a las CCAA sabiendo que estas tenían que cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y por lo tanto no podrían atender ni siquiera a las personas que ya estuvieran atendiendo.

La tercera medida es ese Real Decreto de julio que como le decía es prácticamente una derogación encubierta de la ley. Anula casi 14 artículos y desmantela el sistema de atención a la dependencia. Los frutos de ese RD se empiezan a registrar en las estadísticas del mes de septiembre.

Respecto a esas estadísticas hay un importante baile de cifras. El Gobierno habla de que se está atendiendo a más dependientes pero se ha criticado que este dato no es del todo cierto.

El Gobierno verdaderamente está actuando de una manera tan perversa y en un asunto tan trágico que debería tener la decencia de no manipular la información. El único dato positivo que se puede sacar y que el Gobierno repite es que se ha reducido el limbo de la dependencia, y eso es cierto. En este momento, aun con lo trágico que supone que 230.203 personas estén en el limbo de la dependencia, es decir, en lista de espera aun teniendo derecho, hay que reconocer que se ha reducido.

Pero el problema es que no se ha reducido porque los hayan atendido, sino porque muchos de ellos han muerto durante este año y otros muchísimos más son dependientes moderados que no están atendidos sino que les han usurpado el derecho. Así también se reduce la lista de espera de lo que sea, es decir, si tienes una lista de espera de intervención quirúrgica y en un momento se saca de las prestaciones del sistema de salud, pues ya no hay lista de espera, pero no porque los hayan operado, sino porque los han mandado a casa sin sus derechos. El limbo de la dependencia se ha reducido pero es producto de que ha habido un grupo de personas al que no han atendido.

Eso es lo dramático, y además lo repiten continuamente. Pero todos los demás datos son negativos. Por ejemplo, cuando dicen que han atendido a 21.000 dependientes más este año 2012...la media en los años anteriores ha sido muy por encima de los 100.000 nuevos dependientes atendidos, e incluso en 2010 se incrementó en casi 180.000. Es decir, el ritmo se ha rebajado mucho, y al ritmo que llevamos ahora, si cada año se atiende solo a 20.000 dependientes nuevos, el Gobierno necesitaría 12 años para acabar con el limbo de la dependencia actual. Es verdaderamente dramático, un insulto a la inteligencia y una tomadura de pelo a las personas en situación de dependencia, a los familiares, a los profesionales y a todo el sector.

Con respecto a la moratoria de la incorporación de dependientes moderados al SAAD, ¿usted cree que volverán al sistema?

Creo que el tema de dar prioridad en la atención a los grandes dependientes, que tampoco es cierto, porque hay casi 30.000 grandes dependientes menos de los que había a principio de año, es una excusa perfecta para no atender a los dependientes moderados. A mí me gusta ver el rostro humano de esa gente, y casi un 40 por ciento de los dependientes son enfermos de alzheimer, y si nos diésemos cuenta de la rentabilidad, incluso económica, y del ahorro de costes sanitarios y de calidad de vida que supone atender a los moderados no se habría retrasado el calendario. Cuando puedes atender a un dependiente moderado que tiene alzheimer y lo haces con una prestación no muy cara, como una atención especializada en un centro de día, estás ahorrando dinero, primero porque retrasas mucho más tiempo el avance de la enfermedad, le vas a dar mayor calidad de vida y dignidad, y además ahorrará costes sanitarios en el futuro. Si no se le atiende ahora, más tarde se le atenderá como gran dependiente.

El problema es que estoy convencido de que el Gobierno tiene pensado en un futuro no muy lejano derogar la Ley de Dependencia en el sentido de no entenderla como un servicio de protección social público y universal para todos los ciudadanos de este país.

¿A dónde nos podría llevar esa situación?

Pues a un punto trágico. Estamos realizando un estudio en el que estamos apreciando cómo se ha desmantelado el sistema público de servicios sociales para gestionar desde ese mismo sistema la Ley de Dependencia. Lo estamos elaborando con datos y cifras oficiales del Ministerio de Hacienda y nos está resultando demoledor porque estamos viendo cómo se está desmantelando el sistema, y lo vamos a demostrar con datos, para estructurar el sistema de atención a la dependencia, y si ahora el Gobierno de Rajoy desmantela el sistema de la dependencia por inanición y otros intereses perversos, que es cierto que no podemos demostrar pero sabemos que están ahí, lo que quedaría es un sistema que sería una regresión a la beneficencia de hace 40 años. A veces se habla como que podría pasar, pero nosotros lo estamos constatando, es la deriva de la estrategia del Gobierno en materia de dependencia.

¿Fue un error crear una red de atención a la dependencia paralela a la red de servicios sociales?

Precisamente estamos estudiando ese tema, no solo desde los presupuestos sino también desde la integración del sistema. Siempre tenemos una máxima, que es que todas las personas en situación de dependencia son usuarios de los servicios sociales, pero no todos los usuarios de los servicios sociales son personas en situación de dependencia. Entendemos que el cuarto pilar del Estado del Bienestar son los servicios sociales y consideramos que hay que consolidarlos como ese cuarto pilar de protección social. Es cierto que en algunas comunidades autónomas se han levantado estructuras paralelas y sobre todo ha habido muchas autonomías que lo que han hecho ha sido caja, es decir, detraer de los servicios sociales para desarrollar la Ley de Dependencia y sumar así el dinero que reciben de la Administración General del Estado para esta última pero sin reinvertir ese dinero en los servicios sociales, sino dedicado a otros menesteres. El ejemplo más claro viendo presupuestos es la Comunidad de Madrid.

Esto ha sido un defecto, pero no quiero darle ni un argumento más al Gobierno de Rajoy con los errores que ha habido en la aplicación y desarrollo de la Ley de Dependencia. Nadie ha denunciado más que nosotros los errores y disfunciones que ha podido tener la ley en estos cinco años, pero no se pueden usar esas disfunciones y errores para desmantelar la propia ley justificándose en ello. Lo que ha hecho el Gobierno es decir "hay un sobredimensionamiento de las prestaciones económicas de cuidadores familiares y es muy poco dinero el que se les da", y como es poco dinero, se les recorta un 15 por ciento y no se paga la Seguridad Social. Están haciendo lo contrario de lo que dicen. Dicen que reforman para buscar la viabilidad y lo que hacen es recortar para que el sistema muera por inanición.

Hemos denunciado el sistema de financiación, hemos criticado el sobredimensionamiento de las prestaciones de cuidador familiar; pero claro, una cosa es criticarlo para mejorarlo y otra es basarse en esa crítica para desmantelar el sistema y de manera perversa cargarse la propia ley. Eso es indecente.

Pasados seis meses desde la desaparición del nivel mínimo acordado en los Presupuestos Generales del Estado, ¿cómo ha afectado a la atención social?

Ese nivel mínimo es un dinero que las autonomías han dejado de recibir para atender a las personas en situación de dependencia. ¿Sabe cómo ha afectado? En todas, salvo en dos o tres, ha afectado de modo que se ha aplicado el escenario de ruina, es decir, "como no hay dinero para atender a la gente que tengo, utilizo el dinero que tengo para atender a esa gente y repercuto el recorte del 15 por ciento en los fallecimientos que va habiendo, y como los dependientes se van muriendo a un ritmo de 4 ó 5.000 personas mensualmente, pues a ese ritmo se aplica el recorte". Es decir, hay una relación directa entre el recorte, la tasa de fallecimientos y no mantener la tasa de reposición, de manera que ahí tenemos el limbo de la dependencia que jamás va a ser atendido.

Esto supone directamente que decenas de miles de personas dependientes, que tienen derecho a tener una prestación o servicio, van a morir sin recibir ningún tipo de atención. Así de duro. Pero esto es lo que está ocurriendo y lo que se ve en los datos. En la última estadística son 2.308 beneficiarios menos, y 2.262 grandes dependientes menos, con lo cual es una milonga el que el Gobierno repita que se atiende a los grandes dependientes cuando en realidad atiende cada vez a menos grandes dependientes. Esta es otra forma de recorte encubierto.

Hay un montón de trampas para desmantelar el sistema y de alguna manera generar tal caos, la muerte por inanición de la Ley de Dependencia, para justificar su derogación y crear un sistema que no tenga nada que ver con el sistema universal y público que tenemos ahora y que tendrá que ver, y esa es nuestra preocupación, con un sistema de carácter privado en el que los ricos tendrán acceso a un sistema de grandes calidades y el resto a la beneficencia.

¿Se ha avanzado por el camino de la promoción de la autonomía personal?

Este tema ha sido un aspecto que dentro del desarrollo de la ley no se abordó en ningún momento, son unos servicios que están en la estadística de forma decorativa y que además no se definieron hasta hace muy poco, hasta hace un par de años, y prácticamente esos son los servicios que se solían prestar por el sistema público de servicios sociales. Se debería haber avanzado en este tema, pero como también se debería haber avanzado en el tema del asistente personal, pero claro, con la que está cayendo esos servicios de autonomía no están dentro de las prioridades de atender a los grandes dependientes, etc.

Con respecto a la prevención de la dependencia, ¿se trabaja de alguna manera?

Hay un discurso pero verdaderamente la prevención debería estar intrincada en el desarrollo de los servicios sociales, y sobre todo en los servicios sociales comunitarios, que es donde realmente debería promoverse este tipo de servicios, prestaciones, ayudas y programas. Pero claro, los servicios sociales comunitarios que deberían sujetar el desarrollo de estas actividades también han sufrido recortes, en este caso de un 20 por ciento en este año, y en total, los dos presupuestos que ha hecho Rajoy han situado el dinero del plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales un 66 por ciento por debajo. Ha pasado de casi 90 millones a 30 millones.

Con respecto a las dos últimas preguntas que usted me ha hecho relacionadas con la autonomía y la prevención, creo que ambas se deberían desarrollar desde lo más próximo al ciudadano, desde los servicios sociales comunitarios, es decir, estructuras que el Gobierno ha recortado en un 66 por ciento su presupuesto.

¿Cómo van a afectar los presupuestos de 2013 a los sistemas de servicios sociales y de atención a la dependencia?

En los servicios sociales el nuevo recorte del 40 por ciento de prestaciones básicas significa una reducción de 257.000 usuarios directos, o la reducción de 31.000 usuarios de servicios de ayuda a domicilio, o de 53.000 usuarios de servicios de prevención e inserción. Son datos oficiales de la propia Memoria de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Si tenemos en cuenta que también va a haber una reducción de generación de empleo en casi 2.000 trabajadores, eso significa que el sistema se reduce en un 66 por ciento en un año. Esto podría haber generado, por ejemplo, 300.000 ayudas de emergencia social. En una situación de crisis como la actual que está afectando tanto a los servicios sociales y en la que los servicios sociales están atendiendo a más de 8 millones de usuarios según datos que el Gobierno tampoco ha desmentido, y con la que está cayendo, lo único que se le ocurre al Ejecutivo es recortar en servicios sociales y despedir trabajadores.

Pero además se ha recortado en otras cosas que quizá no tengan relación directa con la dependencia, pero que influyen. Por ejemplo, se ha recortado 30 millones de euros de la teleasistencia, lo que va a dejar a 250.000 usuarios de este servicio en 5.000 ayuntamientos españoles con la única posibilidad de pagarla si quieren tener teleasistencia, y si no pueden, no hay teleasistencia. Pero ¿sabe cuánto cuesta el servicio de teleasistencia a cada usuario? No más de 20 euros mensuales. Y sin embargo quitar ese servicio crea una inseguridad y una ansiedad al anciano enorme.

En la Ley de Dependencia hemos hecho un estudio que refleja que, en estos momentos, los recortes que ha hecho el Gobierno en el desarrollo del SAAD para 2013 supondrán que la aportación de la Administración General del Estado no va a superar el 18 por ciento del coste total de la factura de la atención a la dependencia. Esto es dramático, porque las autonomías no pueden, con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, añadir dinero al sistema para suplantar el recorte del Ministerio, que ha reconocido, aunque lo llaman ahorro, que es de 850 millones. Nosotros lo calculamos en 835 millones en el mes de julio. Esos 850 millones significa menos beneficiarios, menos calidad asistencial, más desempleo en el sector, etc.

El Consejo Asesor de Sanidad lleva un tiempo trabajando en la creación de un espacio sociosanitario. ¿Confía en que salga algo provechoso de este grupo de trabajo?

Con los dirigentes que hay ahora mismo en el Ministerio no confío en que salga nada provechoso, ni en coordinación sociosanitaria ni en nada. Me parecen unos políticos sin alma que están tomando decisiones que afectan a las personas más vulnerables y que las desprotegen cada vez más. Además, no tienen la decencia política de callarse, y encima argumentan manipulando la realidad para poder justificar esas decisiones canallas que toman y que afectan a los colectivos más vulnerables.

En cuanto al espacio sociosanitario, nosotros publicamos hace un año un documento y nosotros planteábamos esa coordinación visualizando la integralidad de la atención a los usuarios y a los pacientes de la sanidad, y valorando sobre todo el ahorro de coste sanitario que supone la Ley de Dependencia, que de alguna manera es tremendamente importante.

Detrás del discurso sociosanitario del Gobierno nosotros vemos intereses perversos de determinados lobbies de poder que le interesa generar un sistema aparte, de baja intensidad de cuidados, que generaría ese sistema dual del que hemos hablado. Creo que hay muchos intereses de negocio, muchos intereses económicos que están saliendo a la luz para crear ese sistema dual. El concepto de integración sociosanitaria sería un concepto muy interesante para seguir investigando y trabajando. Nosotros planteamos que esa coordinación tiene que partir de abajo, tiene que estar en el nivel de Atención Primaria e ir ascendiendo en otros estamentos de la atención social y sanitaria, y que además tiene que establecerse con protocolos buscando la integralidad en las intervenciones. Pero más allá de ese planteamiento que proponemos vemos que hay un planteamiento de negocio y de intereses, en especial de aseguradoras, que quieren ver en ese concepto la explotación de un determinado negocio.

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