El Tribunal de Cuentas desvela graves negligencias en la gestión de la Dependencia

La verdad.es 28/01/2013

El organismo detecta la existencia de 41.000 beneficiarios fallecidos y más de 1.300 expedientes duplicados entre 2007 y 2011

Era un secreto a voces, pero ahora el Tribunal de Cuentas ha confirmado y ha puesto cifras a la pésima gestión de la ley de Dependencia. La absoluta descoordinación entre las distintas administraciones -autonómica y central- tuvo su principal reflejo en la falta de actualización de la base de datos de dependientes y supuso un importante perjuicio al erario público.  El Tribunal, en un informe preliminar que fiscaliza los aspectos económicos de la normativa entre los años 2007 y 2011, enumera las principales negligencias:«Se ha detectado información no actualizada, existencia de beneficiarios fallecidos, duplicidades, DNI incorrectos, falta de homogeneización de datos entre las comunidades autónomas y retraso en la comunicación de la información». En su análisis, el organismo descubrió que hasta 41.224 dependientes fallecidos todavía permanecían en los registros como beneficiarios de ayudas. Otros 1.363 expedientes estaban duplicados y 3.115 personas recibían una prestación superior al máximo permitido. Estos defectos le costaron al Estado más de 175 millones de euros.

En el demoledor informe, en fase de alegaciones, las amonestaciones más graves hacen referencia a la aplicación informática SISAAD, la base de datos donde deben figurar todos los beneficiarios de la ley. «El Tribunal detectó la existencia de numerosas personas fallecidas que, sin embargo, se encontraban registradas en la aplicación informática como beneficiarios de prestaciones», denuncia el documento. Esto no significa que las familias de los dependientes fallecidos siguieran recibiendo la prestación. Por el contrario, la mayor parte del dinero se quedaba en las comunidades autónomas. De hecho, el informe critica la «falta de comunicación» de los decesos por parte de los gobiernos regionales provocando «la obtención de una financiación indebida». Y es que el Estado, a través del Imserso (órgano encargado de gestionar las ayudas), continuaba pagando a las comunidades su parte correspondiente a la prestación. Sin embargo, el Tribunal también denuncia la «ausencia de un adecuado control interno por parte del Imserso como responsable de la aplicación informática, así como de su mantenimiento y actualización».

El Ministerio de Ana Mato reconoció durante el último Consejo Interterritorial de Dependencia, en enero, la existencia de 30.000 dependientes fallecidos registrados. Sin embargo, el número que desvela el Tribunal de Cuentas es superior. El total hasta el 30 de abril de 2011 ascendía a 41.224 personas. El Imserso dio de baja a 29.169 personas a instancias del Tribunal y logró recuperar -que las comunidades autónomas devolvieran- 140 millones de euros por las «liquidaciones indebidamente efectuadas». Pero además, el Tribunal detectó otras 12.055 personas por las que el Imserso «seguía pagando indebidamente a las comunidades autónomas» unos 29 millones de euros. Un dinero aún por recuperar.

Duplicidades

Pero estos no fueron ni mucho menos los únicos defectos. El Tribunal también detectó 1.363 expedientes duplicados que generaron un doble abono en las comunidades autónomas cuantificado en 5,2 millones de euros. Además, descubrió otros 20 millones como consecuencia de 3.115 expedientes cuyo importe era superior al máximo establecido legalmente para cada beneficiario en Grado III nivel 2.

«El sistema informático es un desastre absoluto. Hemos asistido a una ceremonia de la chapuza que tiene consecuencias económicas», asegura Luis Barriga, representante de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. El problema, según este experto, es la existencia de diferentes sistemas de información. «Hace falta una integración de sistemas, pero falta voluntad política», lamenta.

En el informe, el Tribunal de Cuentas fiscalizó en profundidad a seis comunidades (Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Asturias y Canarias). Solo en esas regiones el organismo encontró pagos indebidos del Imserso a la Administración regional por 220 millones debido a 35.437 expedientes computados en el SISAAD como dependientes con prestaciones, aunque en la base de datos de las comunidades no estaban registrados. Pero no solo eso. Las propias comunidades dejaron de percibir 70 millones por el caso contrario, es decir, dependientes que figuraban en los sistemas de las autonomías, pero no del Estado.

Para poner orden en este desbarajuste, el Tribunal recomienda «potenciar los procedimientos de control interno sobre el sistema de información, incrementando el intercambio de información con otras bases de datos de la Administración Pública para evitar las anomalías existentes en la actualidad».

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