Reforma de la administración local

Canarias7.es 25/04/2013

El anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local que nos propone el Gobierno central va en dirección contraria a la construcción de una democracia participativa e impide la mejora de los Servicios Sociales, especialmente los de carácter comunitario. Las competencias de los Municipios se reducirían en este ámbito a la «evaluación e información de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social».

Aunque, obviamente, no se elimina la autonomía municipal en sentido estricto, las trabas para la construcción de una administración de cercanía y proximidad se hacen infranqueables, a tenor de la nueva distribución de competencias y los criterios que rigen su ejercicio. Nada que ver con la filosofía que inspira la Carta Europea de la Autonomía Local que, en su preámbulo, dice: «Conscientes de que la defensa y el fortalecimiento de la autonomía local en los diferentes países de Europa representan una contribución esencial en la construcción de una Europa basada en los principios de democracia y descentralización del poder; Afirmando que esto supone la existencia de entidades locales dotadas de órganos de decisión democráticamente constituidos que se benefician de una amplia autonomía en cuanto a las competencias, a las modalidades de ejercicio de estas últimas y a los medios necesarios para el cumplimiento de su misión...»

Con la obsesión del recorte y de racionalizar la supuesta duplicidad y solapamiento de servicios, se está apostando por unos municipios que no podrán emular o adherirse a los principios consagrados por la Carta Europea como la amplia autonomía municipal y la gobernanza, tan unidos al concepto de una ciudadanía europea más participativa, es decir, la que no es una mera perceptora de ayudas y prestaciones, sino una ciudadanía que propone y que se implica en la mejora económica, cultural y social de los territorios donde habita.

Para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, este Anteproyecto de Ley que el Gobierno ha remitido a tramitación parlamentaria, «supone un grave atentado al municipalismo en nuestro país. El municipalismo es una de las señas de identidad del Sistema Público de los Servicios Sociales por lo que tiene de cercanía y proximidad a la expresión de las necesidades sociales de los ciudadanos y por lo que las comunidades locales y de barrio tienen de ámbito básico de la intervención comunitaria que les son consustanciales».

Al eliminar como competencia municipal la de los Servicios Sociales eliminan también la Intervención Comunitaria y el Trabajo Social Comunitario, que está unido al Desarrollo Local y a la participación de la ciudadanía. Con esta norma que se pretende aprobar, que modificaría sustancialmente la vigente Ley de Bases de Régimen Local, se agranda la brecha entre la ciudadanía y la política. Los ayuntamientos ven reducidas sus competencias pero desde una perspectiva neoliberal, la que pone los acentos en lo estrictamente financiero y en la externalización de servicios, la que los quiere convertidos en una administración residual, burocratizada y asistencialista. Se les roba así a los ayuntamientos su alma política para que queden como meros gestores o contratistas de obras o servicios.

Este anteproyecto va en contra de una coordinación interadministrativa, como ahora se daba con el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, que también eliminan. Actualmente todas las Leyes de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, les otorgan a los Ayuntamientos un papel importante en materia de Servicios Sociales, que no se limita a la vertiente asistencial, unida exclusivamente a la pobreza y a la exclusión como se propone en este anteproyecto. No sé si las Comunidades Autónomas serán capaces, sin servicios e infraestructuras en los territorios locales como tienen los municipios, asumir la prevención social y la promoción de la participación ciudadana, que debe estar unida al desarrollo social y comunitario. La propia Ley de participación ciudadana del Gobierno de Canarias reconoce hoy estas competencias a los ayuntamientos.

En Las Palmas de Gran Canaria, en la etapa de gobierno anterior, estaban en marcha en la ciudad unos siete proyectos de Desarrollo Comunitario, apoyados desde el Ayuntamiento con la colaboración de diversas organizaciones públicas y privadas. Cuatro años no fueron suficientes para su consolidación y en estos momentos han sido ignorados por el grupo de gobierno. Estos procesos comunitarios participativos se localizaban en la Isleta, Guanarteme, San José, el Polvorín, Tamaraceite, Lomo Apolinario y La Paterna. Me temo que con esta norma, si llega a aprobarse, la ciudadanía que no acaba de reaccionar del todo necesitará nuevas dosis de compromiso social y de autoorganización para implicarse y participar en sus barrios en particular y en la política en general.

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