Los Servicios Sociales en la encrucijada

Economi Journal.com 10/7/2013

El gasto en servicios sociales se ha reducido en casi 500 millones de euros entre los años 2009 a 2012. 7 millones de personas atendidas.

"La aplicación en 2013 del Índice DEC, que mide el desarrollo de los servicios sociales en España, confirma un débil desarrollo y un retroceso en el gasto en estos años de crisis (de 2009 a 2012), en los que sus usuarios han pasado de cinco a más de siete millones de personas"

La aplicación en 2013 del Índice DEC, que mide el desarrollo de los servicios sociales en España, confirma un débil desarrollo y un retroceso

en el gasto en estos años de crisis (de 2009 a 2012), en los que sus usuarios han pasado de cinco a más de siete millones de personas. Se constata, así mismo, las extraordinarias diferencias entre Comunidades Autónomas y la evidencia de que la mayor eficacia y eficiencia en la oferta de prestaciones y servicios se logra en Comunidades con modelos más descentralizados y con mayor protagonismo local, cuestionando los efectos que se propone lograr la anunciada Reforma de Régimen Local en esta materia.

La puntuación media que obtiene el desarrollo de los servicios sociales en el conjunto de las Comunidad Autónomas en 2013 es 4,92 puntos. La puntuación ponderada por número de habitantes es de 4,35 puntos.

Sólo Navarra alcanza un nivel de desarrollo alto de sus servicios sociales. País Vasco y La Rioja un nivel medio. Castilla y León, Cantabria, Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha y Aragón un nivel medio bajo. Extremadura y Baleares obtienen calificación de débil. El desarrollo de los servicios sociales en Andalucía, Galicia, Murcia, Canarias, Madrid y Valencia se califica de irrelevante.

El gasto anual del conjunto de Comunidades Autónomas en servicios sociales se ha reducido un 3,64% entre los años 2009 a 2012, que en términos absolutos son 478 millones de euros menos cada año, pasando de una media de 280,03 euros por habitante y año en 2009 a 275,13 en 2012. El porcentaje que representa el gasto en servicios sociales sobre el PIB también se ha reducido del 1,25% en 2009 al 1,21% en 2012.

Extraordinarias diferencias de gasto entre CC AA

La única cifra que registra un incremento es el porcentaje que supone el gasto en servicios sociales sobre el gasto total de las Comunidades Autónomas, que pasa de 6,93% en 2009 a 7,7% en 2012, lo que significa que la reducción del gasto en servicios sociales ha sido inferior a la que ha sufrido el conjunto del gasto en las CC AA.

Las diferencias en el gasto que unas y otras Comunidades realizan en servicios sociales oscilan entre 76,42 euros por habitante y año de Baleares a 796,13 euros del País Vasco, ¡una brecha del ¡941,78%!, es decir, diez veces más de gasto por habitante en una Comunidad (País Vasco) que en otra (Baleares) ¿Qué igualdad puede existir en esta materia entre quienes habitan en uno u otro territorio?

Consecuentemente, las prestaciones y servicios que se ofrecen a los ciudadanos/as en las diferentes Comunidades siguen sufriendo grandes diferencias:

• El 2,28% de la población recibe atenciones del Sistema de la Dependencia en La Rioja, casi tres veces más que en Canarias, que solo llega al 0,55%

• Sólo un 4,2% de personas a quienes se ha reconocido el derecho a recibir atenciones de la Dependencia están a la espera de recibirlas en Castilla y León, y ¡un 51,9% en Canarias!

• Uno de cada 13,5 personas residentes en el País Vasco se beneficia de las Rentas Mínimas de Inserción, mientras que en Extremadura uno de cada 337.

• La cuantía que percibe un beneficiario de estas Renta Mínimas de Inserción supone en Cataluña un 26,28% de la renta media por hogar, y sólo un 5,82% en Extremadura.

• En Castilla y León hay 7,42 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años. En Murcia sólo 2,37.

• En La Rioja hay 2,44 plazas residenciales públicas por cada 100 personas mayores de 65 años, en Galicia sólo 0,57.

• En la Comunidad de Madrid el Servicio de Ayuda a Domicilio alcanza al 7,31% de las personas mayores de 65 años, en el País Vasco sólo al 1,9%

• La media de horas semanales del Servicio de Ayuda a Domicilio es 35,86 en Andalucía y sólo 6,39 en Navarra.

• El 79,73% de acogimientos en Murcia son de carácter familiar. En Navarra sólo 26,07%

• En Castilla y León hay una plaza residencial por cada 22,67 personas con discapacidad, y una plaza en centro ocupacional o centro de día por cada 15,90. En Asturias sólo una por cada 150,74 y 58,51 respectivamente.

• En el País Vasco hay una plaza de acogida por cada 1,28 mujeres víctimas de violencia de género con orden de protección. En Valencia una por cada 30,98.

• En el País Vasco hay 70,96 plazas de alojamiento para personas sin hogar, por cada 100.000 habitantes. En Extremadura 20,16.

"Las diferencias en el gasto que unas y otras Comunidades realizan en servicios sociales oscilan entre 76,42 euros por habitante y año de Baleares a 796,13 euros del País Vasco, ¡una brecha del ¡941,78%!"

Mejores resultados con modelos más descentralizados

La mayor eficacia y eficiencia en la oferta de prestaciones y servicios se logra en Comunidades con modelos más descentralizados y con mayor protagonismo local.

Los resultados del Índice DEC en 2013 confirman que la descentralización y el protagonismo local son determinantes tanto en eficacia como en eficiencia en materia de servicios sociales. Las cuatro Comunidades con mejores resultados (Navarra, País Vasco, La Rioja y Castilla y León) tienen un alto nivel de descentralización y un gran protagonismo local. Extremadura, con un porcentaje del 2,20% de su PIB regional destinado a los servicios sociales y un gasto por habitante y año de 338,18 euros, o Castilla-La Mancha (1,99% y 352,23 euros) presentan resultados mucho más pobres en prestaciones, centros y servicios, que Castilla y León (1,28% y 285,19 €), con menores porcentajes de gasto y menores costes por habitante y año, pero con mayor descentralización y protagonismo local en la gestión de sus servicios sociales.

Unos resultados tan evidentes desmontan el mito de que centralizar la gestión de los servicios sociales o considerarlos "impropios" de la gestión municipal, no sólo no contribuye a la estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos públicos, como se argumenta en la Exposición de Motivos del proyecto de Reforma de Régimen Local, sino que además de ser socialmente negativa, sus efectos son antieconómicos, encareciendo la gestión del Sistema.

En este contexto, se recomienda:

• El Estado debe regular, con carácter urgente, las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio del derecho al nivel básico de protección social, corrigiendo la actual situación de inequidad en el acceso y disfrute de los servicios sociales

Consideramos imprescindible para que esta regulación resulte eficaz en una materia que es de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, que vaya precedida de un proceso de negociación y consenso con las mismas pero que dicho consenso no impida, en última instancia, la responsabilidad de regular las condiciones básicas de igualdad de los españoles, que corresponde constitucionalmente al Estado, y que los profesionales del sector venimos reclamando y apoyaremos de forma decidida.

• El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad debe articular de manera urgente un Sistema de Información de Servicios Sociales que ofrezca información de alcance público, fiable y actualizado

Para ello debe exigir a todas las Comunidades Autónomas el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia, y condicionar la transferencia de créditos que puedan llevarse a cabo, al cumplimiento de estas obligaciones.

Además, a la vista de los resultados que ofrece la aplicación del Índice DEC en 2013 y de la situación de la sociedad en el momento actual, se proponen las siguientes:

• Compromiso de mantenimiento del gasto en materia de servicios sociales

"La actual situación de auténtica emergencia social, de miles de familias en situaciones económicas desesperadas, con incapacidad para cubrir sus necesidades más básicas, hace imprescindible que las políticas en materia de Rentas de Inserción se vean profundamente modificadas"

La extrema situación de necesidad que afecta a cientos de miles de familias en España, debería ser motivo suficiente para que todas las Comunidades Autónomas asumieran el compromiso de mínimos de mantener su gasto en materia de servicios sociales, al menos en los niveles en los que se encontraba al inicio de la crisis (año 2009) y, en todo caso, a no realizar ningún nuevo recorte presupuestario en esta materia. El cuestionable objetivo de reducción del gasto público en los momentos actuales, no debe realizarse, en ningún caso, a costa de las necesidades más básicas de las personas y las familias que más están siendo afectadas por la crisis.

Es interesante destacar que cada millón de euros invertido en servicios sociales representa sólo una inversión neta de 570.000 euros, ya que conlleva unos retornos inmediatos (en el mismo ejercicio presupuestario) superiores al 43%.

Además, la inversión en servicios sociales (atenciones domiciliarias, centros residenciales y centros de estancia diurna), no sólo es necesaria para responder a las necesidades básicas de las personas y familias, sino por su capacidad de generación de empleo en momentos en el que este es tan necesario. Cada millón de euros invertido en servicios sociales, permite generar entre 26 y 42 empleos directos.

• De Rentas Mínimas de Inserción a Garantía de Ingresos Mínimos

La actual situación de auténtica emergencia social, de miles de familias en situaciones económicas desesperadas, con incapacidad para cubrir sus necesidades más básicas, hace imprescindible que las políticas en materia de Rentas de Inserción se vean profundamente modificadas. Se trata, de poner en marcha prestaciones que, con carácter de derecho subjetivo, garanticen unos ingresos mínimos para cubrir las necesidades básicas, exonerando a los perceptores de la obligación de iniciar un proceso de inserción laboral. Tratando el acompañamiento para la inserción social y laboral como un derecho y no como una obligación, salvo tal vez, en determinadas situaciones crónicas que deberían ser claramente identificadas.

• El Estado debe cumplir la Ley 39/2006 y mantener el Sistema de Atención a la Dependencia garantizando la tasa de reposición, en tanto haya personas con el derecho reconocido y a las que no se les esté ofreciendo de manera efectiva la prestación o servicio que les corresponda

Se debe integrar el sistema de financiación de la Dependencia en el ámbito de la financiación autonómica (LOFCA) contribuyendo la AGE al 50% de la financiación pública -ahora no llega ni al 20%- fomentando una inversión social en servicios profesionales que produzcan retornos económicos y sobre el empleo, y simplificando el procedimiento para la concesión de las prestaciones y servicios. Se deben paralizar los nuevos recortes en dependencia incluidos en el Programa Nacional de Reformas de España 2013 presentado a Bruselas, que contemplan un ahorro de 1.108 millones de euros en la partida de atención a la dependencia ya que constituyen una nueva e insoportable crueldad para las personas en situación de dependencia y sus familias.

Consideramos insoportable el desmantelamiento del Sistema de atención a la dependencia, que va a un ritmo de cuatro beneficiarios menos cada hora desde la aprobación en el pasado julio del Real Decreto-ley 20/2012. Con un resultado obvio: destrucción de la red de servicios, cierre de empresas del sector (tanto residencias como servicios de proximidad) destrucción de empleo privado y público, descenso en la recaudación pública (retornos) y, como única salida para las personas un subproducto financiero en forma de seguro privado de la dependencia que generara un sistema dual de atención.

• La Administración General del Estado debe mantener el Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales y los compromisos establecidos de gestión, información, económicos y de asistencia técnica, recuperando la financiación que en los dos últimos años se ha reducido un 65,4% en la aplicación presupuestaria 26.16.231F. 453, que era de 86.633.150,00 euros. En 2011

El Plan Concertado mantiene la red de servicios sociales de ámbito local formada por 50.000 trabajadores/as y atiende a ocho millones de usuarios/as. Su desmantelamiento supondría un golpe demoledor para los servicios sociales de proximidad, que garantizar el nivel más básico de protección a las personas y familias más perjudicas por la crisis.

• Corregir las previsiones de la Reforma de Régimen Local en materia de servicios sociales

Las Comunidades con mayor eficacia (mejores resultados) y eficiencia en servicios sociales (mejor relación entre el gasto que realizan y las prestaciones y servicios que ofrecen) son aquellas con mayor descentralización y mayor protagonismo local, mientras que las menos eficientes son las que menos protagonismo local tienen en sus servicios sociales. Por eso resultan especialmente preocupantes las previsiones que en materia de servicios sociales se plantean en los borradores de la anunciada Reforma de Régimen Local. Resulta incomprensible que todos estos servicios se puedan considerar impropios de las entidades locales, como se plantea en esta Reforma. De confirmarse, supondría un golpe demoledor para los servicios sociales, echando por tierra los todavía escasos logros que se han conseguido a lo largo de más de 30 años de encomiable esfuerzo de miles de Ayuntamientos, solos o agrupados, con el apoyo y bajo las referencias normativas de sus Comunidades Autónomas. Además, no sólo no se conseguiría ningún objetivo de eficiencia en el gasto público, sino al contrario, encarecer la gestión de los servicios sociales. Por todo ello, impedir que se lleven a cabo las previsiones de la Reforma de Régimen Local en relación con los servicios sociales, constituye el mayor reto para el sector, ya que está en juego su propia supervivencia como Sistema Público de derechos ciudadanos, tal y como hemos venido intentando construir durante estos 30 años.

#Jose Manuel Ramírez Navarro. Trabajador Social. Master en Gerencia de Servicios Sociales. Presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España. Coordinador de los Grupos Técnicos de la Comisión de Servicios Sociales de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Autor de diversas publicaciones sobre Servicios Sociales, Dependencias, Programación, Imagen y Comunicación, en temas sociales. Actualmente es Profesor Asociado de Trabajo Social de la Universidad de Málaga.

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