El Gobierno prevé cobrar a enfermos con alta que siguen hospitalizados

la opinión de Tenerife  22.01.2014 

Las Islas tienen 2,9 plazas públicas y privadas por cada 100 mayores de 65 l El PP asegura que la Comunidad destinó 6 millones para dependientes a Vivienda

El Gobierno de Canarias contempla establecer un copago para pacientes crónicos con alta médica, que aún permanecen ingresados en hospitales públicos, y que se derivan a centros especializados en atención sociosanitaria, cuando apruebe de forma definitiva el proyecto de Orden conjunta que las Consejerías de Sanidad y de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda llevan gestando desde el pasado el 10 de abril, para regular el traslado de dichos enfermos a centros sociosanitarios.

En su artículo 8, de resolución del procedimiento, fijan que "en su caso" habrá una "aportación económica que corresponda realizar al interesado de acuerdo con el régimen de copago que se establezca", pero no detalla ni los criterios empleados para determinar quién paga y quién no, ni cuánto dinero deben abonar.

Dicha Orden también establece en los puntos 2 y 3 del Artículo 12 que "la Consejería competente en la materia de Políticas Sociales procederá al menos una vez cada dos años, a realizar una convocatoria pública para la concertación de plazas en los centros sociosanitarios" y que "los centros privados y los de las organizaciones sin ánimo de lucro" que acudan a este concurso "deberán cumplir los requisitos establecidos por la normativa" establecidos en esta Orden, y "en la regulación vigente de los centros y servicios que actúen en materia de promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias".

Tras cinco meses desde el inicio de su tramitación, ambas consejerías regionales decidieron anunciar el 3 de septiembre de 2013 en el Boletín Oficial de Canarias (BOC, número 174) que abrirían un "periodo de información pública de veinte días hábiles" para dar cabida a todo aquel (persona física o jurídica) que quisiera presentar "alegaciones, observaciones o sugerencias", sobre las que el Gobierno autónomico no ha informado públicamente a día de hoy. Ahora tan sólo falta que el Consejo de Gobierno de Paulino Rivero dé luz verde a este régimen de regulación, tras incluir las posibles alegaciones.

Este anuncio que ayer difundió el Gobierno canario sale apenas unos días después de las polémicas declaraciones hechas por el presidente regional, Paulino Rivero, sobre la existencia de 400 camas hospitalarias bloqueadas por pacientes ya dados de alta pero que no tienen adonde ir porque sus familiares no se hacen cargo de ellos "por una cuestión cultural". Sin embargo, y a pesar de que Rivero aclaró poco después que su intención no era echar la culpa a las familias, ayer todavía seguían llegando reacciones a nivel regional y nacional.

Críticas

Entre los colectivos que se sumaron a las críticas contra el presidente está la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que calificó al presidente de "irresponsable" al decir que el que las familias dejen a sus enfermos ya curados en los hospitales es una cuestión cultural. En su opinión, esos familiares no pueden hacerse cargo de sus enfermos dependientes por otros motivos, como la crisis económica y la falta de recursos públicos.

Como ejemplo de esto último, este colectivo denunció que el Gobierno regional tiene el peor desarrollo del sistema de atención a la dependencia porque atiende a un 0,5% de la población, cuando la media española es del 1,6%. "Un dependiente canario tiene tres veces menos posibilidades de ser atendido que un dependiente que viva en cualquier sitio de España", informó la asociación en un comunicado. Además, dio otro dato: Canarias cuenta con 2,9 plazas en residencias por cada 100 mayores de 65 años.

Para salir al paso de estas críticas, la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias informó de que, según el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales DEC 2013 –elaborado por la propia Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales– Canarias está por encima de la media del Estado en: plazas públicas para personas con discapacidad (pasando de una plaza residencial por cada 102,49 personas con discapacidad en 2011 a una por cada 54,96 personas en 2012); plazas públicas para personas mayores (con un incremento del 2,6 por cada 100 personas mayores de 65 años en 2010 a 2,99 en 2011); alojamientos para personas sin techo (con 40,97 plazas por cada 100.000 habitantes, Canarias supera las 35,26 de media que existe a nivel estatal); y plazas para mujeres víctimas de violencia ( pasando de una plaza por cada 9 mujeres con orden de protección en 2011, a una por cada 5,10 mujeres en 2012).
Asimismo, el área que dirige la consejera nacionalista Inés Rojas indicó que el Archipiélago tiene 11.500 plazas sociosanitarias cofinanciadas entre el Gobierno de Canarias y los cabildos Insulares.

Sin embargo, el portavoz de la asociación que ha elaborado el informe DEC, José Manuel Ramírez, aclaró que de los 30 indicadores que se recogen en el documento Canarias solo tiene por encima de la media los citados por al consejería, datos que son interpretativos. Ramírez se refería a que si bien as plazas residenciales públicas canarias son 3.645 (lo que supone un 1,21 plazas por cada 100 mayores de 65 años, es decir, superior a la media nacional, que está en un 1,15), no es menos cierto que cuando se suman las plazas pública y privadas en Canarias, el resultado es que hay 2,9 plazas por cada 100 personas mayores, un dato que sitúa a las Islas por debajo de la media.
Para la asociación, este último índice es importante porque se ve el esfuerzo real de la Comunidad por concertar más plazas subvencionadas en centros privados.

En cuanto a la cifra de 11.500 plazas sociosanitarias públicas en las Islas, Ramírez afirmó que no concuerda con los datos que la Consejería de Políticas Sociales envió al Gobierno de España el 31 de diciembre pasado, donde solo hablaba de 2.761 camas para dependientes. "Si es verdad que tienen 11.500 plazas y solo está pidiendo al Estado dinero para 2.761, entonces hablamos de una mala gestión de Inés Rojas".

Otro de los colectivos que ayer se sumaron a las críticas hacia Paulino Rivero fue la Plataforma Tenerife Discapacidad. Su portavoz, Raúl Cordero, se solidarizó con las familias de las personas que ocupan esas 400 camas, ya que en su opinión la mayoría no tiene recursos económicos para atenderlas ni plazas públicas residenciales donde ingresarlas.

Según sus datos, en la provincia occidental se necesitan al menos entre 200 y 300 plazas más para pacientes con discapacidad intelectual. "Las personas con estas enfermedades son ingresadas en residencias para mayores, donde no hay los servicios especializados que necesitan estos pacientes".

En cuanto a esta ley, criticó que el Gobierno español haya dejado de cotizar por los familiares que se encargaban del cuidado de sus mayores dependientes. Esto ha hecho que desde 2011 hasta 2013 se hayan perdido 2.400 cotizaciones en Canarias. Sólo unas 200 personas se han dado de alta. "La aplicación de políticas sociosanitarias desde que está Inés Rojas en la Consejería ha sido cero", terminó Cordero.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios del sector de Sanidad emitió un comunicado ayer en el que aunque reconoce la matizazión que Paulino Rivero hizo de sus declaraciones, se queja de que el Gobierno canario no haya sido capaz de confesar "su muy ineficaz gestión de la Ley de Dependencia que arrastra Canarias desde hace años, con un altísimo porcentaje de peticiones de valoraciones sin realizar".

Los políticos

Desde las filas políticas canarias, Nueva Canarias (NC) ha solicitado la comparecencia en el Parlamento de la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, para que explique las declaraciones del jefe del Ejecutivo regional sobre el bloqueo de las 400 camas hospitalarias por pacientes con el alta hospitalaria firmada.

El portavoz de NC en la Cámara regional, Román Rodríguez, criticó a Rivero por culpabilizar a las familias canarias "del fracaso de su política social y sanitaria", según informó Europa Press. Rodríguez calificó de "sorprendente, injusto y surrealista" que Rivero culpabilice a las familias de ocupar 400 camas hospitalarias, ya que consideró que el problema de Canarias en materia social y sanitaria son los "recortes presupuestarios, la desorganización y la incompetencia" de los departamentos gubernamentales mencionados.

La diputada del grupo Popular Milagros Bethencourt añadió más leña al fuego al informar ayer que el Gobierno de Canarias destinó en 2013 al Instituto Canario de Vivienda casi 6 millones de euros destinados a la atención a personas en situación de dependencia.

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