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EL INCREMENTO REAL DEL GASTO EN SERVICIOS SOCIALES ES DEL 0,8%

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SOBRE EL PRESUNTO "CARÁCTER SOCIAL" DE LOS PRESUPUESTO GENERALES DEL ESTADO PARA 2017


EL INCREMENTO REAL DEL GASTO EN SERVICIOS SOCIALES ES DEL 0,8%


Ese es el ínfimo porcentaje que supone el incremento de 130 millones de euros en los PGE para servicios sociales en 2017, y no los 442 que han sido anunciados tan eufóricamente por el Gobierno y Ciudadanos.

En 2016, el gasto público total en servicios sociales en España (incluyendo la atención a la dependencia) ascendió a 16.700 millones de euros.
La distribución de este esfuerzo es la siguiente:
CCAA = 60,8% (10.171,46 M€)
EELL = 25,5% (4.259,11 M€)
AGE = 13,7% (2.296,22 M€)

esfpresupuestario

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas (presupuestos definitivos 2016 de AGE, CCAA y EELL)

Estos datos ponen en evidencia que la aportación de la Administración general del Estado a una política esencial como es la de servicios sociales en España, es significativamente baja.
Además, resulta falso que se vayan a incrementar 442 millones en los PGE 2017, como vienen publicitando el Gobierno y Ciudadanos como resultado de su pacto. En términos reales el incremento será solo de 130 millones, lo que en relación al gasto global de 2016 supone un RIDÍCULO incremento del 0,8%.
El incremento publicitado por el Gobierno y Ciudadanos se distribuye en dos bloques: 342 millones para un plan contra la pobreza infantil, y 100 millones más para la Dependencia. Pues bien, esta es la realidad de las cifras:
Sólo 30 de los 342 millones de euros de la partida contra la pobreza infantil, son un incremento real sobre los presupuestos del año anterior
• 102 millones provienen del programa FEAD, para ayuda alimentaria a los desfavorecidos y lucha contra la pobreza infantil. Este dinero proviene de la Unión Europea, del Fondo de Ayuda Europea a las Personas Más Desfavorecidas (FEAD). Es decir, de excedentes alimentarios que ya se han repartido en años anteriores en la misma cuantía. Y no solo a la infancia, sino a los colectivos desfavorecidos. Simplemente, en 2017 se aplicarán solo a familias desfavorecidas, con menores a su cargo ¿y el resto...?
• 140 millones corresponden al Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados, para la atención de familias con menores. Es una partida presupuestaria que durante el año anterior ni siquiera fue gestionada, por la incapacidad o la falta de voluntad de nuestro Gobierno para admitir la entrada de refugiados, ni siquiera en los términos en los que se había comprometido.
• 100 millones corresponden a un incremento de 30 millones en la partida de "Prestaciones básicas de servicios sociales" que, en 2016, estuvo dotada con 70 millones (por cierto, una partida que fue reducida un 67% en años que en años anteriores). Estos 30 millones constituyen así, el único incremento efectivo en los anunciados 342 millones para combatir la pobreza infantil.
Teniendo en cuenta que los servicios sociales municipales han atendido, según datos oficiales, a unos 8 millones y medio de personas, el incremento de esta partida supone sólo 3,50 euros más por persona y año en la aportación de la Administración General del Estado para atender a las personas más desfavorecidas.
Incrementar en 100 millones la partida para la atención a la dependencia, no va a suponer un incremento efectivo de las cuantías que recibirán las Comunidades Autónomas para atender a las personas en situación de dependencia
100 Millones de euros más en la partida 231I de la Seguridad Social (transferencias a las comunidades autónomas para atención a la dependencia por el nivel mínimo garantizado) es papel mojado, porque no se asegura que dichos fondos se transfieran al nivel autonómico, ya que están condicionados al número de personas efectivamente atendidas y se basan en unas cuantías que insuficientes que ya fueron recortadas un 15% en el año 2012, mediante R.D. Ley 20/2012 de 13 de julio. La insuficiencia de dichas cuantías provoca que las CCAA obtengan por esa vía una financiación equivalente al 18% del gasto real que realizan. Dicho de otro modo, para recibir un solo millón de esos cien, las comunidades autónomas deben acreditar un gasto efectivo de cinco millones euros.
Por otra parte –como no podía ser de otra forma- se trata de una partida ampliable, que se suplementa automáticamente en la medida en que se incorporen nuevas personas atendidas al Sistema. De hecho, en 2016 esta partida se tuvo que suplementar a final de ejercicio con 37 millones de euros más. Así pues, la cifra inicial de esta partida es irrelevante, ya que las Comunidades Autónomas no van a recibir más ni menos dinero porque esté más o menos dotada. El auténtico incremento de la financiación del Sistema por parte de la Administración General del Estado vendría de recuperar y/o ampliar las cuantías de financiación por cada persona atendida en el nivel mínimo (que es la auténtica garantía del derecho subjetivo).
Atender a todas las personas dependientes con derecho, significaría un incremento de gasto público de unos 3.000 millones más al año, la mistad de los cuales debería aportar la Administración General del Estado si el modelo de financiación del SAAD fuera justo.
En consecuencia, el proyecto de presupuestos generales del estado para 2017 abandona de nuevo a 341.301 dependientes en lista de espera, y -con un cálculo optimista- 90 de ellos seguirán falleciendo cada día sin recibir los servicios a los que tienen derecho. Eso sí, ese número de fallecidos contribuirá trágicamente a bajar la "lista de espera". Esperemos que el Gobierno no alardee por ello como ya hizo en el pasado de forma indignante.
Por todo ello consideramos que los PGE denotan un Estado sin una política de servicios sociales sólida y coherente, que atiende a cuestiones puntuales con parches y sin integralidad. La presión de los servicios sociales se encuentra en los niveles locales y autonómicos y es deber del Estado su correcta financiación.
España se comprometió a reducir -por ejemplo- la tasa de pobreza (Europa 2020) en 1,4 millones de personas. En lo que llevamos de programa, no solo no nos hemos acercado al objetivo sino que nos hemos alejado de él incrementado el número de pobres de en 1,3 millones más. ¡Ahora el objetivo 2020 se sitúa en 2,7 millones de pobres menos!!!
No se trata de planes puntuales, de ocurrencias o de parches, se trata de tener una política pública de servicios sociales más eficiente que requiere de una inversión inteligente y no de parches y mucho menos del abandono.
Para más información:
José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. e-mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Algunos datos sobre el Estado Social de la Nación 2017

El carácter estructural de la pobreza, por su extensión y persistencia: La pobreza se ha instalado en la sociedad española, afectando personas y familias que cada vez ven más difícil salir de su situación. La transmisión intergeneracional dará lugar a nuevas generaciones que van a reproducir la pobreza y que cada vez van a tener más difícil salir de ella.
• Casi 700.000 hogares, 1,3 millones de personas, no tienen ningún ingreso (4% de los hogares)
• La mala alimentación por motivos económicos y, en ocasiones, el hambre, son situaciones reales que afectan a más de un millón de personas en España
Exclusión social: Son situaciones muy extendidas de aislamiento, ausencia de participación, desmotivación y ruptura con la sociedad "normalizada".
• La Tasa Arope, que es el indicador utilizado por la Unión Europea para medir la exclusión social, sitúa a España 5,6 puntos por encima de la media europea (28,6 frente al 23%)
El desmontaje de las políticas sociales. España dedica menos recursos a la protección social que la media de los países de la UE. Aunque los recortes en el gasto social – Sanidad, Educación y Servicios Sociales- han tocado fondo en 2013, todavía no se ha recuperado los niveles de inversión en esta materia que existía antes de la crisis.
• España dedica 2,7 puntos menos del PIB a Protección Social que la media de países de la Eurozona (17,6% frente al 20,3 de la UE)

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EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2017 ABANDONA A 341.301 DEPENDIENTES EN LISTA DE ESPERA Y 90 DE ELLOS SEGUIRÁN FALLECIENDO CADA DÍA SIN RECIBIR LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENEN DERECHO.

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CIUDADANOS INCUMPLE SUS ACUERDOS Y TRAICIONA A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

El cacareado aumento del gasto en esta materia en los PGE 2017 se cifra en 100 millones de euros. Los acuerdos -de investidura primero y sobre dependencia después- firmados por Ciudadanos aseguraban, cuando menos, la vuelta a la financiación estatal previa a los recortes de 2012, lo que se estimaba en unos 450 Millones además de otras medidas.

Una de tres: o los de Rivera se han dejado engañar; o son ellos los que nos han engañado a todos; o el equipo de Garicano tiene averiada la Excel. Ponemos de nuevo la nuestra a su disposición. O los de Rivera son torpes o son crueles, haciéndose cómplices de la decisión más canalla de este presupuesto 2017.

Incorporar 100 millones de euros en la partida 231I de la Seguridad Social (transferencias a las comunidades autónomas para atención a la dependencia por el nivel mínimo garantizado) no supone absolutamente NADA.

Es papel mojado porque ni siquiera se asegura que dichos fondos se transfieran al nivel autonómico ya que para recibir un euro del Estado, las autonomías deben acreditar cinco euros de gasto en personas atendidas (algo que hoy no pueden cumplir gracias al modelo de financiación).

Es papel mojado porque se trata de una partida ampliable que se suplementa automáticamente en la medida en que la gestión del sistema avance. De hecho en 2016 se suplementó con 37 millones de euros. Daba lo mismo 100 que 200.

Es papel mojado porque la clave de la financiación finalista son las cuantías por dependiente atendido según su grado de dependencia que reciben las comunidades autónomas (nivel mínimo). Estas cuantías se recortaron mediante el RD-Ley 20/2012 de 13 julio que dinamitó la Ley de dependencia y son las que hoy sigue en vigor.

Es papel mojado porque el aumento del gasto de 100 millones, más un 10%, lo que significa que teniendo en cuenta que la atención media de un dependiente cuesta 6.833 euros al año, en el mejor de los casos se podrían atender a unos 15.000 de la lista de espera, lo que condena al 96% restante de la lista de espera a no recibir prestación o servicio de la ley de dependencia durante este año.
Es indignante y cruel porque supone que las administraciones seguirán incumpliendo la Ley y violando derechos subjetivos. En lo que resta de año fallecerán 35.000 personas que tenían un derecho reconocido sin recibir servicios o prestaciones. Eso sí, bajará la "lista de espera".

Ya estamos hartos de palabrería y de falta de visión en este asunto. Mientras nos entretienen con "guiños" sociales (342 M€ para atención a la familia y pobreza infantil de gestión incierta e impacto dudoso) se desatienden los servicios sociales públicos básicos y se incumplen los derechos ya reconocidos a la ciudadanía.

Siguen entendiendo esta política como un gasto incómodo y no como una inversión social necesaria, oportuna e inteligente. Si no van a cumplir la Ley, deróguenla.

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. e-mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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