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XVII DICTAMEN DEL OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA

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Cada día fallecen 90 dependientes sin recibir prestaciones o servicios a los que tienen derecho.
1.213.873 personas tienen reconocida su situación de dependencia (2,6% de la población). De ellas 865.564 están siendo atendidas en el Sistema, mientras que 348.309 (29%) están en lista de espera.
La Administración General del Estado solo aporta el 18% del gasto público del Sistema, y las CCAA el 82% restante. Muy lejos de la pretendida aportación al 50%.El recorte acumulado del Gobierno de España desde 2012 asciende a 3.672,2 millones de euros que han dejado de recibir las Comunidades.
En 2016, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 35, y la tasa de retorno es del 39,5%. Si se atendiera ya a las 350.000 personas en espera –simplemente cumpliendo con la Ley- se generarían más de 90.000 empleos directos.
2016 confirma una recuperación del Sistema de Atención a la Dependencia que se inició en 2015, al calor de la sensibilidad de los nuevos Gobiernos Autonómicos y por la incorporación de los Dependientes Moderados (julio de 2015). Pero a pesar del incremento en 69.455 beneficiarios del Sistema en 2016 (+8,7%), a este ritmo se tardaría 5 años solo para atender a la actual lista de espera. Más de 150.000 personas han fallecido en los últimos 5 años sin recibir las prestaciones o servicios que les habían sido reconocidos.
Resulta especialmente preocupante que más de una tercera parte de las personas desatendidas (35%), son dependientes con Grado II o III (Dependientes Severos y Grandes Dependientes); en total 122.000 personas.
De todas las personas con dependencia reconocida, dos tercios son mujeres y un tercio son hombres. Más del 70% de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 80 superan ampliamente el 50%.
El gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley (50%) debido al modelo de financiación y a las reducidas cuantías del Nivel Mínimo. La Administración General del Estado aporta el 21% del gasto público y las comunidades autónomas el 79% restante. El recorte acumulado de la AGE en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende a 3.672,2 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares.
El Sistema de Atención a la Dependencia muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y para la obtención de retornos por cotizaciones e impuestos directos. En 2016, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 35, y la tasa de retorno es del 39,5%.
Una vez transcurridos 10 años de implantación del Sistema para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, estamos en un momento crucial en el que es absolutamente inaplazable abordar algunos cambios sustanciales que permitan cumplir con la Ley –aunque esto pueda sonar escandaloso- atendiendo a cuantas personas dependientes hay reconocidas y posicionar al país en un mejor punto de partida para afrontar los desafíos sociales, sanitarios y demográficos que tiene por delante. Para ello es imprescindible dotar al sistema de la necesaria suficiencia financiera,
El 14 de diciembre de 2016, coincidiendo con el décimo aniversario de la Ley, los representantes de la mayoría grupos del arco parlamentario del Congreso de los Diputados (con la sola excepción del PP y del PNV) suscribieron un pacto por la reversión, para los PGE de 2017, de los recortes producidos y con el compromiso explícito de acabar con las listas de espera en un máximo de dos años. También se pactó estudiar el futuro de la financiación del sistema para ver su integración en el ámbito de la LOFCA.
La decisión de invertir en un mejor sistema, con un mínimo de suficiencia financiera y capaz de crecer en calidad de las atenciones e incluso mejorar el gasto sanitario está en manos de los pactos a los que pueda llegar en el marco de la negociación sobre la financiación autonómica. Hasta entonces, CON 90 FALLECIDOS AL DÍA SIN HABER PODIDO EJERCER SU DERECHO, procede, al menos, recuperar lo recortado plasmándolo en los PGE de 2017.

Se mantienen las gravísimas desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Es previsible que haya algunas Comunidades Autónomas que no puedan recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y una inyección financiera específica, Nueve Comunidades suspenden en la Escala de Valoración del Observatorio
Aplicación de la Escala. Solo dos comunidades obtienen el notable Castilla y León y La Rioja, recuperan el aprobado Galicia, Murcia y Extremadura y consiguen valoraciones positivas en algunos indicadores de manera significativa Baleares y la Comunidad Valenciana.

El resultado de la aplicación de la Escala de Valoración a fecha de principios de 2017:

2 Comunidades destacan con calificaciones notables: Castilla y León (8,9) y La Rioja (7,9)

7 Comunidades entre el aprobado y el notable: Andalucía (6,8) Castilla-La Mancha (6,8) Madrid (6,1) Galicia( 6,1) Murcia (6,1), País Vasco) (5,4) y Extremadura (5)

9 Comunidades que suspenden: Asturias (4,6), Cataluña (3,9), Baleares (3,6) Cantabria (3,6), Comunidad de Valencia (3,2). Navarra (2,9),), Aragón (2,5), Canarias (1,8), y la El caso de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, gestionadas directamente por el IMSERSO, el resultado es también un suspenso (4,3)

SE ADJUNTA ESCALA DE VALORACIÓN EN EL TERRITORIO
Puede descargarse el XVII Dictamen completo en www.directoressociales.com
Ojalá este dictamen, junto a los dieciséis anteriores, sirva para ayudar a unas decisiones futuras que sean valientes, inversoras, inteligentes y sobre todo..., con alma.
Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

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OPOSICIÓN AL ACUERDO DE LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES AUTONÓMICOS

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18 de enero de 2017

 TARJETA SOCIAL: UN RETORNO AL PADRÓN DE BENEFICENCIA

 

La Conferencia de Presidentes Autonómicos ha aprobado crear una “Tarjeta Social” que pretende ser la “una llave de acceso al Registro de Prestaciones Sociales Públicas que permitirá conocer en tiempo real, gracias a su actualización permanente, las prestaciones sociales de contenido económico que bajo distintas fórmulas gestionan la Administración General del Estado, las CCAA, las Corporaciones locales e incluso ONGs.” Como profesionales de los servicios sociales manifestamos nuestro rotundo rechazo a esta iniciativa por los siguientes motivos:

·         Es un gasto inútil: la Tarjeta Social no aportaría ninguna mejora efectiva en el control de las prestaciones y ayudas que perciben las personas desempleadas o las familias más vulnerables, ya que esa información se puede obtener actualmente “en tiempo real” con las bases de datos existentes vinculadas al DNI o al NIE. En el caso de prestaciones que gestionan las CCAA y las entidades locales, estando todas vinculadas al empadronamiento resulta difícil su duplicidad, por lo que tampoco añade utilidad para “coordinar programas de las distintas Administraciones Públicas”.

·        

Certificado de Pobreza. Padrón de Beneficencia. 1980

Estigmatiza a las personas necesitadas: Sin utilidad real, la Tarjeta Social solo acreditará que su titular pertenece a un “Club de Pobres”. Una vieja aspiración de los sectores más reaccionarios de la sociedad, siempre empeñados en censar y controlar a “los pobres”, y un paso más en el desmontaje de una de las señas de identidad del Estado del Bienestar, su carácter universal, de ciudadanía, estableciendo un nuevo “padrón de beneficencia”, que acredite que “se es pobre” para poder recibir prestaciones sociales. Una vuelta a un pasado no muy lejano, que se prolongó incluso en los primeros años de la etapa democrática en España, donde se nos seguía declarando “oficialmente pobres”.

Consideramos que lo que realmente se pretende con la Tarjeta Social no es otra que lo que dice el propio Acuerdo de la Conferencia, cuando se dice que “permitirá a su vez detectar duplicidades garantizando la transparencia y la complementariedad de las prestaciones potenciando su eficacia”, en definitiva, controlar supuestos fraudes y abusos de los/as perceptores/as de las prestaciones por desempleo y de las diferentes ayudas sociales.

Resulta inadmisible extender la sospecha de fraude generalizado en el cobro de prestaciones, a lo que siempre han recurrido los sectores más reaccionarios de la sociedad para justificar su rechazo a las políticas sociales. No hace mucho que un Consejero autonómico califica de “minibárcenas” a los perceptores de prestaciones de la dependencia. Si los sectores más privilegiados de la sociedad tuvieran una pequeña parte de los controles que se establecen para quienes perciben ayudas sociales, nos habríamos ahorrado los/as contribuyentes centenares o miles de millones de euros. El abuso generalizado en el cobro de prestaciones sociales es absolutamente falso, por las exigencias que se establecen y por los exhaustivos controles que existen.

A nadie se le ocurre proponer una “Tarjeta patrimonial” “que permitirá conocer en tiempo real, gracias a su actualización permanente, las subvenciones, ayudas y exenciones fiscales de contenido económico que bajo distintas fórmulas gestionan la Administración General del Estado, las CCAA, las Corporaciones locales e incluso empresas públicas (…) y detectar duplicidades garantizando la transparencia y la complementariedad de las prestaciones” y beneficios que reciben las personas más adineradas. Se calificaría de persecución a los ricos y atentado a su intimidad. Pero si se trata de personas pobres, desempleados de larga duración o familias vulnerables, parece que, como en la antigua beneficencia, la intimidad e incluso la dignidad se pueden vulnerar, para que no abusen de las menguadas prestaciones que reciben.

 

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.  E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

 

 

NOTA DE PRENSA

 

18 de enero de 2017

 

 

OPOSICIÓN AL ACUERDO DE LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES AUTONÓMICOS

 

TARJETA SOCIAL: UN RETORNO AL PADRÓN DE BENEFICENCIA

 

La Conferencia de Presidentes Autonómicos ha aprobado crear una “Tarjeta Social” que pretende ser la “una llave de acceso al Registro de Prestaciones Sociales Públicas que permitirá conocer en tiempo real, gracias a su actualización permanente, las prestaciones sociales de contenido económico que bajo distintas fórmulas gestionan la Administración General del Estado, las CCAA, las Corporaciones locales e incluso ONGs.” Como profesionales de los servicios sociales manifestamos nuestro rotundo rechazo a esta iniciativa por los siguientes motivos:

·         Es un gasto inútil: la Tarjeta Social no aportaría ninguna mejora efectiva en el control de las prestaciones y ayudas que perciben las personas desempleadas o las familias más vulnerables, ya que esa información se puede obtener actualmente “en tiempo real” con las bases de datos existentes vinculadas al DNI o al NIE. En el caso de prestaciones que gestionan las CCAA y las entidades locales, estando todas vinculadas al empadronamiento resulta difícil su duplicidad, por lo que tampoco añade utilidad para “coordinar programas de las distintas Administraciones Públicas”.

·        

Certificado de Pobreza. Padrón de Beneficencia. 1980

Estigmatiza a las personas necesitadas: Sin utilidad real, la Tarjeta Social solo acreditará que su titular pertenece a un “Club de Pobres”. Una vieja aspiración de los sectores más reaccionarios de la sociedad, siempre empeñados en censar y controlar a “los pobres”, y un paso más en el desmontaje de una de las señas de identidad del Estado del Bienestar, su carácter universal, de ciudadanía, estableciendo un nuevo “padrón de beneficencia”, que acredite que “se es pobre” para poder recibir prestaciones sociales. Una vuelta a un pasado no muy lejano, que se prolongó incluso en los primeros años de la etapa democrática en España, donde se nos seguía declarando “oficialmente pobres”.

Consideramos que lo que realmente se pretende con la Tarjeta Social no es otra que lo que dice el propio Acuerdo de la Conferencia, cuando se dice que “permitirá a su vez detectar duplicidades garantizando la transparencia y la complementariedad de las prestaciones potenciando su eficacia”, en definitiva, controlar supuestos fraudes y abusos de los/as perceptores/as de las prestaciones por desempleo y de las diferentes ayudas sociales.

Resulta inadmisible extender la sospecha de fraude generalizado en el cobro de prestaciones, a lo que siempre han recurrido los sectores más reaccionarios de la sociedad para justificar su rechazo a las políticas sociales. No hace mucho que un Consejero autonómico califica de “minibárcenas” a los perceptores de prestaciones de la dependencia. Si los sectores más privilegiados de la sociedad tuvieran una pequeña parte de los controles que se establecen para quienes perciben ayudas sociales, nos habríamos ahorrado los/as contribuyentes centenares o miles de millones de euros. El abuso generalizado en el cobro de prestaciones sociales es absolutamente falso, por las exigencias que se establecen y por los exhaustivos controles que existen.

A nadie se le ocurre proponer una “Tarjeta patrimonial” “que permitirá conocer en tiempo real, gracias a su actualización permanente, las subvenciones, ayudas y exenciones fiscales de contenido económico que bajo distintas fórmulas gestionan la Administración General del Estado, las CCAA, las Corporaciones locales e incluso empresas públicas (…) y detectar duplicidades garantizando la transparencia y la complementariedad de las prestaciones” y beneficios que reciben las personas más adineradas. Se calificaría de persecución a los ricos y atentado a su intimidad. Pero si se trata de personas pobres, desempleados de larga duración o familias vulnerables, parece que, como en la antigua beneficencia, la intimidad e incluso la dignidad se pueden vulnerar, para que no abusen de las menguadas prestaciones que reciben.

 

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.  E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

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