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14 de diciembre de 2018.               XII Aniversario de la Ley 39/2006


Informe de seguimiento del Pacto de Estado por el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Dos años después, no se ha cumplido ninguno de sus compromisos.

La inmensa mayoría de los Partidos del arco Parlamentario firmaron, con motivo de 10º aniversario de la Ley, el Pacto de Estado por el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia promovido por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Cinco eran los compromisos concretos de ese Pacto de Estado.
- Revertir en los presupuestos de 2017 los recortes producidos por los R. Decretos de 2012.
- Acuerdo entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para acabar con la desatención (Limbo de la Dependencia) en los dos próximos años.
- Iniciar negociaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar un modelo estable de financiación del Sistema en el marco de la LOFCA
- No acordar modificaciones de la Ley 39/2016 sin su tramitación y debate parlamentario y con un consenso similar al menos al que se logró en la aprobación de esta ley.
- Sistema de Información de la Dependencia trasparente y actualizado.
Tras doce años de desarrollo de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (en adelante LAPAD), el 3% de la población española, un total de 1.292.296 personas, ha sido dictaminada como dependiente, es decir, necesita apoyos para realizar actividades básicas de la vida diaria. A estas personas podríamos añadir otras 100.000 como potenciales dependientes considerando las 131.270 personas que están pendientes de su valoración de dependencia a 31 de octubre de 2018.
Desde la aprobación de la LAPAD, en diciembre de 2006, el SAAD ha sufrido muy diversos avatares que han afectado prácticamente a todas las coordenadas iniciales: el calendario de desarrollo; el baremo de valoración; la financiación; los contenidos e intensidades de los servicios, las cuantías de las prestaciones económicas; la compatibilidad entre prestaciones y servicios o la consideración de las cuidadoras familiares y de sus cotizaciones en un régimen especial de la Seguridad Social, son algunas de las variables que han sido alteradas cuando no suprimidas.
La complejidad de desarrollo de una norma estatal que reconoce derechos subjetivos, que se dicta en virtud del artículo 149.1 de la Constitución y cuya gestión directa corresponde a las comunidades autónomas por exclusividad de la materia (servicios sociales), auguraba la necesidad de ajustes en la fase implantación, prevista inicialmente hasta el año 2013.
No obstante, más allá de ajustes, el sistema ha recibido serios varapalos en forma de retrasos en la implantación y sobre todo en el ahogamiento financiero en su fase de desarrollo especialmente a partir de mediados de 2012. El Gobierno ha sido el principal responsable de dichos varapalos aun cuando la Administración General del Estado es la principal obligada a velar por un ejercicio común y homogéneo de derechos de las personas en situación de dependencia
No solo no se atiende a todas personas con derecho cuando tras sucesivos aplazamientos ha finalizado la aplicación progresiva de la Ley, sino que el acceso y el contenido real de las atenciones está fuertemente determinado por la comunidad autónoma de residencia de la persona dependiente, generándose así graves desigualdades.

15 CLAVES QUE DEFINEN LA SITUACIÓN ACTUAL

1. A fecha 31 de octubre de 2018 hay en España 1.292.296 personas en situación de dependencia reconocida y otras 131.270 que están pendientes de valoración. Esto significa que el 3 % de la población necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.
2. Dos tercios de las personas con dependencia reconocida son mujeres (65%) y un tercio (35%) hombres. El 72,24% de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 80 son el 54,54%
3. Durante 2018, la mayoría de los parámetros de gestión del SAAD (nº atendidos, reducción de lista de espera, incremento de solicitudes, valoraciones y de servicios y prestaciones entregados...) han mejorado. Parece que el SAAD se reactiva, pero no es del todo así. Se reactiva en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos fundamentalmente a los dependientes con Grado I.
4. En este momento el 21 % de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia, aun cuando tiene pleno derecho a las mismas. Esto afecta a 269.138 personas y a sus familias. Además hay 107.334 personas pendientes de valoración.
5. El 39,7% de las personas desatendidas (107.334), son dependientes con Grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado.
6. Durante 2017 fallecieron sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia 38.000 personas. Por supuesto que no fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones. Esto supone que diariamente fallecen más de 100 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios. En 2019 fallecerán 30.000 personas en situación de dependencia que se les ha reconocido el derecho a una prestación o servicio y no la habrán recibido.
7. El recorte acumulado de la AGE en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende ya a más de 5.000 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares.
8. Existe un “copago añadido” soportado por muchos ciudadanos que deben asumir la diferencia entre la cuantía percibida y el coste real de los servicios adquiridos mediante prestación vinculada al servicio
9. Del gasto público directo en dependencia, la Administración General del Estado soportó el 20 % y las comunidades autónomas el 80% restante. Muy lejos de la pretendida aportación al 50%.
10. Se mantienen las gravísimas desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Es previsible que haya algunas Comunidades Autónomas que no puedan recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y una inyección financiera específica.
11. El Gobierno sigue incumpliendo la Disposición Final séptima de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, imposibilitando que los asuntos judicializados en materia de dependencia pasen al orden de lo Social. Personas dependientes y familias se ven abocadas a reclamar sus derechos en la jurisdicción contencioso-administrativa lentos, costosos, farragosos y nada garantistas
12. Sigue sin evaluarse el impacto negativo de género que puede estar teniendo la feminización de los cuidados en la medida en que estos no son resultado de una libre elección y que las cuidadoras familiares han perdido el apoyo que conllevaban las cotizaciones a la Seguridad Social.
13. Con todo, el SAAD muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y para la obtención de retornos. La ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 36, y la tasa de retorno es del 39,66%.
14. Si se atendiera ya a las 270.000 personas en espera –simplemente cumpliendo con la Ley- se generarían más de 75.000 empleos directos que añadir a los 220.000 actuales ligados al SAAD, acercándonos de este modo a la cifra de los 300.000 empleos pronosticada en la Libro Blanco de la Dependencia.
15. Compartimos en esencia las conclusiones de la Comisión de Análisis de la Dependencia creada por la Conferencia de Presidentes. Reclamamos que sean tenidas en cuenta en la elaboración de los nuevos PGE 2019 o en el futuro respecto a la negociación del Sistema de Financiación Autonómica.

El Gobierno de España incumple con una ley fundamentada en el artículo 149 de la Constitución

Consideramos que la Atención a la Dependencia tiene carácter estratégico en las políticas de Estado, tanto por su contenido prestacional, que afecta a necesidades básicas de más de 1,3 millones de personas y de quienes con ellas conviven, como por su incidencia en el empleo y en la generación de riqueza. Si plenamente constitucional fue la utilización del artículo 149.1.1ª C.E. para la implantación de un nuevo derecho subjetivo de la ciudadanía (autonomía personal y atención a las situaciones de dependencia), el Estado es así mismo responsable único de garantizar los mínimos necesarios para su desarrollo, lo que conlleva una financiación adecuada y suficiente. Lo contrario es un flagrante incumplimiento de los compromisos adoptados en las Cortes Generales en forma de Ley estatal.
Sin embargo, la AGE mantiene aproximadamente los valores de financiación del nivel mínimo de 2012 (recortados por el famoso RD-Ley de 13 de julio de 2012). Los Presupuestos Generales del Estado de 2017 contemplaron incrementar la partida del Nivel Mínimo en 100 millones de euros (sobre el presupuesto inicial de 2016) hasta llegar a un total de 1.262,2 millones de euros. Ya explicamos, en su momento, la inutilidad de este incremento si no se modificaban las cuantías del Nivel Mínimo Garantizado por dependiente atendido. El resultado fue que en ese año se dejaron de ejecutar 44 millones de euros, y que el incremento real de la aportación estatal por este concepto entre el año 2016 y 2017 fue solo de 28 millones de euros (2,4%).
A finales del 2017, con el gobierno de Rajoy, se aprobó el Real Decreto 1082/2017, de 29 de diciembre, por el que se determina el nivel mínimo de protección garantizado a las personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y que recogía las nuevas cuantías mensuales que la Administración General del Estado pagaría a las Comunidades Autónomas por cada persona dependiente atendida en función de su grado. Este incremento de la financiación suponía un aumento de la cuantía media en nivel mínimo de 10,4 euros mensuales por persona en situación de dependencia atendida.
Ahora, con un nuevo gobierno, acaba 2018, y no se ha aprobado ningún aumento de las cuantías de financiación del nivel mínimo. Hace unas semanas se envió a las CC.AA. el borrador de real decreto sobre el Nivel Mínimo de financiación, que ya tenía previsto el gobierno del PP, y que contía en su anexo las cuantías mensuales con las que la Administración General de Estado “garantizará” en 2019 la atención a las personas dependientes que, en este caso –como ocurrió en 2018-, contemplaba un incremento de poco más del 5%.
Una vez más denunciamos que no se podía comprender cómo en un asunto en el que existe un clarísimo acuerdo de todo el arco parlamentario (a excepción del Partido Popular), no se atiende a las razones tantas veces expresadas por este Observatorio, por las plataformas de afectados y por la sociedad en su conjunto, para la adopción de medidas urgentes en esta materia.
Se mantiene el incumplimiento de la ley de manera flagrante. El calendario progresivo de aplicación finalizó en 2015 y sin embargo hay en este momento 270.000 personas con derecho pero sin que se les permita ejercer el mismo. Es fácil prever que cerca de 30.000 personas fallecerán antes de que reciban prestación o servicio alguno. Los derechos cercenados por el decretazo del año 2012 siguen haciendo daño (menor intensidad en ayudas a domicilio, incompatibilidades entre servicios, “carencia” de dos años para atender a los que optan por prestaciones económicas, menor cuantía de estas, etc…)
Todos los grupos en el Congreso (excepto el PP y PNV) suscribieron en diciembre de 2016 (en el décimo aniversario de la Ley) un pacto en el que se comprometían, al menos, a recuperar los recortes producidos en 2012. La Conferencia de Presidentes pidió en 2017 un análisis profundo de la cuestión y se emitió un informe con total acuerdo territorial en cuanto a la necesidad de incrementar la financiación de manera decidida

(octubre de 2017). El propio grupo socialista presentó en el Congreso con fechas 12 de abril de 2018 -a solo 50 días de la moción de censura- una Proposición no de Ley con el compromiso de recuperación de recortes (idéntico texto del pacto de 2016). Tras el oportuno debate, se aprobó la PNL por ¡205 votos a favor! 130 en contra (PP) y 2 abstenciones. Una mayoría bastante más contundente que la que expulsó a Rajoy del Gobierno y ha sentado a Sánchez en La Moncloa.
Resulta descorazonador cómo puede cambiar el discurso en una cuestión de un calado social como el de la Dependencia, en el que está en juego la calidad de vida -y la propia vida- de cientos de miles de personas y de sus familiares y cuidadores, y cuando existen acuerdos y compromisos tan mayoritarios entre las fuerzas parlamentarias como para sacar adelante, con garantías, un Decreto-Ley que revierta esta situación

LA FINANCIACIÓN
Es evidente el desigual reparto de los esfuerzos en el crecimiento de gasto del sistema. Mientras comunidades autónomas y usuarios asumen el esfuerzo de crecimiento, en términos absolutos, la financiación estatal se fue recortando desde 2011 y no se ha recuperado. En términos relativos, la Administración general del Estado soportó el 16,0% del coste global, los usuarios un 20,5% y las administraciones autonómicas el restante 63,5%.

distribución aportaciondistribución aportacion

Gráfico 1: Estimación basada en modelo de costes del Observatorio Estatal para la Dependencia. Fuente de datos primarios: SISAAD

En 2017, la ya escasa financiación estatal bajo un punto respecto al año anterior y se sitúa en el 16,3% del conjunto (17,4% en 2016). Las Comunidades Autónomas financian el 83,7% restante, según se deduce de las certificaciones anuales contenidas en el ANEXO IV de la Orden SSI/2371/2013. De ellas se deduce una inversión pública total certificada de 7.459 millones de euros. De toda esa cantidad, la aportación finalista del Ministerio fue de 1.218 millones, es decir, el 16,3% del total, mientras que las CC.AA., con 6.241 millones de euros, aportan el 83,7% restante.

 

Gasto propio CC.AA.

Nivel mínimo AGE

TOTAL gasto público certificado

% CCAA

% AGE

TOTAL

6.240.738.175,82 €

1.218.138.403,51€

7.458.876.579,33€

83,7%

16,3%

Estimación que realizó Observatorio 2017

6.364.050.895,29 €

1.218.138.403,51 €

7.582.189.298,80 €

83,9%

17,1%


* El gasto público no contiene el gasto de Entidades Locales salvo en en caso de Baleares que incorpora gasto de Consells Insulars.
** Los datos de gasto en La Rioja son estimaciones del Observatorio por no disponerse de certificado.
*** Los datos de gasto en País Vasco son estimados por no disponerse del certificado correspondiente al territorio de Guipúzcoa)

Estos datos confirman que:

• El impacto acumulado para el gasto público de las medidas de recorte del Real Decreto-Ley 20/2012, hasta diciembre del 2017, ha sido de 4.600 millones de euros.
• La incapacidad -y la vergüenza- del anterior ejecutivo, de no ejecutar siquiera un presupuesto recortado. El anterior Gobierno de España no ejecutó la totalidad del presupuesto consignado (1.262 millones de euros) habiéndole sobrado 44 millones de euros.
• La mejora de los datos sobre el incremento de personas atendidas y reducción de la lista de espera (Limbo de la Dependencia), se está produciendo como consecuencia del incremento de servicios de bajo coste, dirigidos a Dependientes Moderados (Grado I), abandonando a los más graves y que requieren atención con mayor urgencia, los Dependientes Severos (Grado II) y Grandes Dependientes (Grado III)
• El sistemático y doloso incumplimiento de una Ley, cuando todavía hay casi 300.000 personas en situación de dependencia reconocida en lista de espera.

Se observan diferencias entre territorios, aunque la tónica es la infrafinanciación estatal del sistema

distribucion distribucion


MIENTRAS EL NIVEL MÍNIMO SE MANTENGA RECORTADO LA FINANCIACIÓN DE LA DEPENDENCIA SERÁ CLARAMENTE INSIFICIENTE
En un hipotético escenario en ausencia de PGE 2019 (es decir con presupuestos 2018 prorrogados) la gravedad del incumplimiento de la Ley de Dependencia por parte de las administraciones públicas seguirá siendo de tal calado y el consenso político y parlamentario logrado para revertir esta situación ignominiosa es paralelamente tan amplio, que conviene considerar la situación de extraordinaria y urgente necesidad padecida por 275.000 personas, de forma que se dé respaldo presupuestario a un incremento sustancial de los importes del Nivel Mínimo en 2019 para asegurar una reducción de la lista de espera de, al menos, 110.000 personas durante dicho ejercicio, especialmente las personas que están en peor situación (Grados III y II).


DIEZ MEDIDAS QUE EL GOBIERNO DE ESPAÑA PUEDE (Y DEBE) LLEVAR A CABO
PARA RECUPERAR LA LEY DEPENDENCIA


1º. Cumplir el Pacto de Estado de la Dependencia. Es, pues, ocasión, para reactivar dicho pacto y cumplir sus contenidos. Ello requeriría, entre otras cosas, volver a convocar el Consejo Territorial de Servicios Sociales y el Sistema de la Dependencia - y, en su marco, acordar con las CC.AA. las medidas de impulso al Sistema.
2º. Activar todas las comisiones de trabajo relacionadas con políticas sociales, que el Gobierno del PP mantenía inactivas. Son espacios de diálogo y consenso con las Comunidades Autónomas.
3º. Transparencia e información. El Ministerio ha hecho sistemáticamente dejación de esta responsabilidad, en ocasiones hurtando información, otras veces retrasando de manera incomprensible los datos, o manipulando la información. Articular un buen sistema de información de Servicios Sociales constituye así un reto para el nuevo gobierno, cuyo cumplimiento puede y debe acometer.
4º. Cumplir la Disposición Final séptima de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, posibilitando que los asuntos judicializados en materia de dependencia pasen al orden de lo Social. Las personas dependientes y de sus familias se ven abocadas a reclamar sus derechos en la jurisdicción contencioso-administrativa lentos, costosos, farragosos y nada garantistas.
5º. Evaluar el impacto negativo de género que puede estar teniendo la feminización de los cuidados en la medida en que estos no son resultado de una libre elección.
6º. Recuperar las cotizaciones a la Seguridad Social en el convenio especial de cuidadoras no profesionales.
7º. Incluir “la dependencia” en la Agenda Pública. Si sacan este asunto de la agenda política, tarde o temprano, cientos de miles de personas dependientes y sus familias sacarán a los políticos de su agenda.
8º. Valorar el SAAD como inversión social y poner en valor la capacidad para la generación de empleo y para la obtención de retornos. En 2017, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 36, y la tasa de retorno es del 40%. Y estudiar costes de oportunidad.
9º. Revertir en los presupuestos de 2019 los recortes producidos (Incrementando en un 13% el nivel de financiación mínimo y recuperando el nivel concertado: 450 millones de euros anuales), acabar con la desatención (Limbo de la Dependencia) en los dos próximos años e iniciar negociaciones para aprobar un modelo estable de financiación del Sistema.
10º. Desarrollar las conclusiones de la Comisión de Análisis de la Dependencia creada por la Conferencia de Presidentes y tenerlas en cuenta para la elaboración de los nuevos PGE 2018 o en el futuro respecto a la negociación del Sistema de Financiación Autonómica.

Estas peticiones fueron trasladas al nuevo Gobierno por parte de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, confiando en que la sensibilidad mostrada hacia los temas sociales cuando el PSOE se encontraba en la oposición, ahora que están en el Gobierno se traduzcan en hechos como los que aquí planteamos, cuyo cumplimiento depende solo y exclusivamente, de que exista voluntad de llevarlos a cabo.


Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales e-mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

 

 

 

14 de diciembre de 2017                                 XI Aniversario de la Ley 39/2006

 

Informe de seguimiento del Pacto de Estado por el Sistema de Autonomía y  Atención a la Dependencia. Un año después, no se ha cumplido ninguno de sus compromisos.

 

La inmensa mayoría de los Partidos del arco Parlamentario con motivo de 10º aniversario de la Ley, firmaron hace un año el Pacto de Estado por el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia promovido por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Cinco eran los compromisos concretos de ese Pacto de Estado

 

-          Revertir en los presupuestos de 2017 los recortes producidos por los R. Decretos de 2012.

 

-          Acuerdo entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para acabar con la desatención (Limbo de la Dependencia) en los dos próximos años.

 

-          Iniciar negociaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar un modelo estable de financiación del Sistema en el marco de la LOFCA

 

-          No acordar modificaciones de la Ley 39/2016 sin su tramitación y debate parlamentario y con un consenso similar al menos al que se logró en la aprobación de esta ley.

 

-          Sistema de Información de la Dependencia trasparente y actualizado.

 

El Gobierno de España incumple con una ley fundamentada en el artículo 149 de la Constitución.

 

Consideramos que la Atención a la Dependencia tiene carácter estratégico en las políticas de Estado, tanto por su contenido prestacional, que afecta a necesidades básicas de más de 1,3 millones de personas y de quienes con ellas conviven, como por su incidencia en el empleo y en la generación de riqueza. Si plenamente constitucional fue la utilización del artículo 149.1.1ª C.E. para la implantación de un nuevo derecho subjetivo de la ciudadanía (autonomía personal y atención a las situaciones de dependencia), el Estado es así mismo responsable único de garantizar los mínimos necesarios para su desarrollo, lo que conlleva una financiación adecuada y suficiente. Lo contrario es un flagrante incumplimiento de los compromisos adoptados en las Cortes Generales en forma de Ley estatal.

 

Respecto a la financiación y al gasto, estimamos que el sistema durante el primer semestre del año ha supuesto un gasto global de 3.700 millones de euros, es decir, tan solo 86 millones más que en el semestre anterior. La asunción del copago de los ciudadanos se mantiene en un 20,4% del total de gasto y el resto es asumido por las administraciones públicas.

 

Lo más penoso del asunto de la financiación es que la AGE mantiene los valores de financiación del nivel mínimo de 2012 (recortados por el famoso RD-Ley de 13 de julio de 2012). En los Presupuestos Generales del Estado de 2017 pactó con Ciudadanos incrementar la partida del Nivel Mínimo en 100 millones de euros (sobre el presupuesto inicial de 2016) hasta llegar a un total de 1.262,2 millones de euros.

 

Ya hemos explicado tanto a Ciudadanos como al resto de Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados la inutilidad de estos “incrementos” en los PGE si no se modificaban las cuantías del Nivel Mínimo Garantizado por dependiente atendido. Pues bien, ¡existe la posibilidad real de que no llegue a gastarse la financiación estatal comprometida convirtiendo el pacto presupuestario en vergonzoso! ¡Mientras fallecen personas con dependencia antes de recibir los servicios a los que tenían derecho resulta que a la AGE le podría sobrar parte del presupuesto consignado en los PGE!

 

La aportación estatal al sistema se ha ido reduciendo paulatinamente, de manera que el propio Gobierno ha reconocido en sucesivos informes que la batería de recortes en dependencia supuso cuantiosos “ahorros” a las arcas públicas que actualmente podemos cifrar en más de 4.000 millones de euros acumulados.

 

La Administración General del Estado aportó en 2016 el 17,4% de la financiación pública del Sistema de Autonomía Personal y Atención de la Dependencia frente al 82,6% aportado por las CC.AA.

 

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Gráfico 1: Estimación basada en modelo de costes del Observatorio Estatal para la Dependencia. Fuente de datos primarios: SISAAD

 

La Administración General del Estado aportó en 2016 el 17,4% de la financiación pública del Sistema de Autonomía Personal y Atención de la Dependencia frente al 82,6% aportado por las Comunidades Autónomas. Las certificaciones anuales contenidas en el ANEXO IV de la Orden SSI/2371/2013, remitidas al Observatorio, (todas a excepción de País Vasco) arrojan una inversión pública total certificada de 6.911 millones de euros. De toda esa cantidad, la aportación finalista del Ministerio para esos Territorios fue de 1.201 millones, es decir, el 17,4% del total, mientras que las CC.AA., con 5.710 millones de euros, aportan el 82,6% restante.

 

El gasto promedio por persona en situación de dependencia atendida en 2016 ascendió a 8.349 € anuales, de los cuales, según los antedichos porcentajes, 6.896 fueron aportados por las CC.AA., y solo 1.453 €, por el Gobierno central.

 

Estos datos, que se basan todos ellos en fuentes oficiales certificadas por la intervención de cada Comunidad, confirman lo que veníamos denunciando.

 

 

CCAA

% CCAA

AGE

% AGE

TOTAL GASTO PÚBLICO

 

TOTAL gasto certificado

 5.709.945.690,58 €

82,6%

 1.201.099.827,37 €

17,4%

 6.911.045.517,95 €

100%

Gasto estimado***

Observatorio 2016

5.927.154.522,99 €

83,2%

1.198.934.342,64 €

16,8%

 7.126.088.865,63 €

100%

 

Se observan diferencias entre territorios aunque la tónica es la infrafinanciación estatal del sistema.

2 distribucion gasto publico2 distribucion gasto publico

 

Gráfico 2: Estimación basada en modelo de costes del Observatorio Estatal para la Dependencia. Fuente de datos primarios: Certificaciones de gasto de las CCAA y datos SISAAD

 

El Nivel Mínimo se mantiene recortado y es claramente insuficiente.

 

Por otra parte, la estimación que hacemos del gasto estatal por el nivel mínimo en el primer semestre de 2017 es de 587 millones de euros. Esto supone que (si no se incrementa el mínimo estatal), considerando la pérdida de Grados III y II y el avance de los Grado I, el nivel mínimo devengado a final de año esté –con un cálculo optimista- en torno a los 1.180 millones de euros (80 millones por debajo de lo presupuestado en los PGE).

 

A este respecto se ha expuesto públicamente un nuevo Decreto del Gobierno sobre Nivel Mínimo de Dependencia que está pendiente de aprobación y que –salvo carácter retroactivo- no garantizará la ejecución del presupuesto 2017. El Decreto sobre el Nivel Mínimo de financiación, recogería nuevas cuantías mensuales que abonará la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas por cada persona dependiente atendida en función de su grado. En cualquier caso, pretender que 190 €/mes para una persona dependiente con Grado III atendida en una residencia o en un centro de día, es una financiación suficiente que garantiza la atención es una burla. Si la administración autonómica aportase otro tanto y el ciudadano aportase un copago del 20% (95 €), se supone que el coste asumible sería de 475 €/mes. Una quimera si se considera el coste de dichos servicios.

 

De aprobarse el incremento de cuantías, tan solo supondría el equivalente a reducir la lista de espera en un 3%.

 

Celebramos el reconocimiento de la AGE de que el sistema está infradotado en el nivel que es de su responsabilidad (informe de la Comisión para el análisis de la situación del SAAD auspiciada por la Conferencia de Presidentes), pero cuando las “migajas” de subida coinciden exactamente con lo mínimo imprescindible para cumplir con la ejecución presupuestaria, sin que haya al menos un CALENDARIO DE COMPROMISOS DE SUPRESIÓN DE LOS RECORTES, nos tememos que el sistema no remontará y que todo seguirá paralizado tal y como muestran los datos de gestión anuales: avance de las prestaciones a grados I (más baratas) y decenas de miles de dependientes con grados III y II esperando más allá de lo que pueden tanto ellos como sus familiares.

3 financiacion nivel minimo3 financiacion nivel minimo

 

* Las cuantías previas a los recortes del año 2012 se han calculado incorporando el Nivel Acordado suprimido al Nivel Mínimo.

 

Gráfico 3: Fuente datos: IMSERSO – SISAAD

 

Mientras tanto, en España fallecen cada día 100 personas en situación de dependencia sin recibir la prestación o servicio a los que tienen derecho.

 

Actualmente 320.000 personas con pleno derecho a recibir prestaciones o servicios que aún se encuentran en una desesperante “lista de espera”. Actualmente, casi el 40% de las personas desatendidas son dependientes con Grado II o III (Dependientes Severos y Grandes Dependientes); en total 124.600. En lo que va de año ha aumentado en más de cuatro mil la desatención de los Dependientes más vulnerables (Grandes Dependientes y Dependientes Severos) El derecho subjetivo a recibir atenciones contenido en la Ley 39/2006 se viene conculcando sistemáticamente y además afecta a personas en todos los grados de dependencia y no solo a los últimos incorporados.

 

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Gráfico 4: Fuente datos: IMSERSO – SISAAD

 

Pero la consecuencia más cruel del mantenimiento por tiempo ilimitado de las personas en lista de espera para recibir atenciones es que muchas de ellas fallecen sin haber podido ejercer su derecho reconocido en la Ley de Dependencia. Los datos oficiales contenidos en los últimos informes manejados por la Comisión para el análisis de la situación del SAAD, derivada de la Conferencia de Presidentes, reconocían que en 2016 se habían producido más de 40.000 fallecimientos de personas que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones y servicios oportunos.

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Fuente: Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales (IMSERSO). Tabla contenida en los documentos utilizados por la Comisión de análisis de SAAD derivada de la Conferencia de Presidentes.

 

Extrapolando la mortalidad de las personas en lista de espera en 2016 a los datos de 2017, es plausible estimar que el número de personas fallecidas pendientes de recibir prestación pueden convertirse en más de  34.000 al final del presente ejercicio.

 

Hacia un Sistema de Atenciones LOW COST. Atenciones mediocres que no suponen auténtico apoyo a las personas, que no generan suficientes retornos y que no son fuente de empleo.

 

El incremento de personas atendidas (Grados I fundamentalmente) no se compadece con una mayor inversión del sistema. Los crecimientos que se han dado en el último año tienen mucho que ver con las atenciones que podríamos denominas de “bajo coste” como la Prevención y Promoción de la Autonomía (en muchos casos), la teleasistencia (con un coste medio de 25€/mes) o las prestaciones económicas por cuidados en el entorno (cuya media mensual está cercana a los 300€ y bajando).

 

La urgencia de sacar expedientes de la lista de espera y la presión presupuestaria no pueden convertir la atención a la dependencia en el despliegue de atenciones que deben ser consideradas complementarias y nunca suficientes por sí mismas. En el último año se perfila un incremento de este “low cost” de la dependencia (supone el 61,3% del incremento de atenciones) que puede acabar siendo el “modelo de atención” para muchos Grados I, pero no debemos olvidar que actualmente casi  la mitad de las personas en espera tienen Grados III y II.

 

Evidentemente todo ello tiene su origen en el estrangulamiento de la financiación del SAAD. En todo caso, a pesar del incremento de personas asistidas no debemos perder de vista la realidad de que el coste por dependiente atendido desciende paulatinamente y, lo que es peor, la generación de empleo de la que el SAAD hace gala se ha frenado por primera vez en 2017.

 

Transparencia e información

 

Sin datos fiables y actualizados, se está vulnerando el derecho a la información de la ciudadanía, e incumpliendo todos los compromisos de trasparencia en la acción de gobierno. Al mismo tiempo, es una limitación importante para planificar con racionalidad el Sistema

 

Hay que insistir en el déficit democrático y de racionalidad que supone que en pleno siglo XX, un país miembro de la Unión Europea no sea capaz de ofrecer información estadística fiable y actualizada. No dejaremos de exigir que se supere esta situación, como se explicita en el Pacto de Estado.

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Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.   E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

 

INFORME DEL OBSERVATORIO ESTATAL DE LA DEPENDENCIA.

Julio 2017

 

Definitivamente la “recuperación” no llega a las personas dependientes

  • INCREMENTO DE ATENDIDOS PERO AÚN CON UNA ENORME LISTA DE ESPERA.

 

Transcurrido el primer semestre de 2017, cumplidos ya dos años desde que se cerró el calendario de aplicación progresiva de la Ley 39/2006, con el reconocimiento del derecho a atención de todas las personas dependientes en todos los Grados, conviene hacer un repaso con perspectiva al estado del Sistema de Autonomía personal y Atención a la Dependencia (en adelante SAAD). 

 

Es evidente que desde mediados de 2012 hasta mediados de 2015 se produjo un dramático parón del SAAD –ampliamente analizado por este Observatorio- y que es a partir de ahí cuando se retoma un cierto crecimiento en cuanto a personas atendidas que, a 30 de junio de 2017, alcanzan casi 900.000 personas, siendo el número total de personas dependientes reconocidas de 1.217.355.

 

La incorporación el 1 de julio de 2015 de todas las personas con Grado I, supuso un importante incremento de la lista de espera que debía absorberse en el menor tiempo posible ya que se trata de personas con derecho subjetivo a servicios o prestaciones.

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Gráfico 1: Observatorio Estatal para la Dependencia. Fuente datos: IMSERSO - SISAAD

 

Los esfuerzos de las Comunidades Autónomas han conseguido aumentar en los dos últimos años el número total de personas atendidas en algo más de 160.000, con un crecimiento neto del 21,8% para el conjunto del sistema.

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Gráfico 2: Observatorio Estatal para la Dependencia. Fuente datos: IMSERSO - SISAAD

 

Este saldo positivo de incremento de personas atendidas en dicho periodo se da en todos los territorios si bien con resultados muy desiguales. Frente a un incremento de personas atendidas del 41,9% en Aragón situamos el exiguo 6% de Cataluña.

 

A pesar del innegable avance en un sistema que venía del frenazo de los recortes de 2012, es evidente que se trata en el conjunto de un crecimiento insuficiente.

 

Tras dos años del cierre de calendario de aplicación de la ley nos encontramos aún con casi 320.000 personas con pleno derecho a recibir prestaciones o servicios que aún se encuentran en una desesperante “lista de espera”. El derecho subjetivo a recibir atenciones contenido en la Ley 39/2006 se viene conculcando sistemáticamente y además afecta a personas en todos los grados de dependencia y no solo a los últimos incorporados.

 

La reducción neta de la lista de espera en los dos años transcurridos desde la entrada de los Grado I ha sido de 123.000 personas (es decir un 28% en dos años).

 

Si consideramos la gestión de los últimos doce meses (de junio de 2016 a junio de 2017), todas las comunidades autónomas han reducido su lista de espera si bien –de nuevo- las diferencias interterritoriales son acusadísimas oscilando entre la abultadísima lista de espera en Canarias (41,8% de, afectando a 12.500 personas) y el 1,4% de Castilla y León (afectando a 1.183 personas).

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Gráfico 3: Observatorio Estatal para la Dependencia. Fuente datos: IMSERSO – SISAAD

 

Por otra parte, la lista de espera no está compuesta solo por las personas que más tarde se han incorporado al derecho a atención (Grado I) sino que hay un importantísimo número de personas con Grados III y II (gran dependencia y dependencia severa) cuyo número se mantiene casi invariable en el último año:

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Gráfico 4: Observatorio Estatal para la Dependencia. Fuente datos: IMSERSO - SISAAD

 

Esto tiene importantes repercusiones en clave de financiación ya que el actual Nivel Mínimo (recortado en 2012) hace que una comunidad autónoma reciba de la Administración General del Estado una cuantía de 44,33 €/mes por dependiente atendido de Grado I y de 82,84 €/mes y 177,86 €/mes por dependiente atendido de los Grados II y III respectivamente. Las mayores necesidades de apoyo de las personas con grados III y II hacen que generalmente su atención resulte más costosa a las arcas autonómicas. La razón del estancamiento en la reducción de la lista de espera para estos Grados bien podría estar que la incapacidad financiera de prestar los apoyos necesarios, mientras que la atención a las personas con Grado I se está resolviendo en muchas ocasiones con atenciones de bajo coste como la teleasistencia, muchas prestaciones de prevención y promoción de la autonomía  o incluso la prestación económica por cuidados en el entorno familiar cuyo importe siempre es menos onerosa que la prestación de servicios personales o residenciales.

 

  • FALLECIDOS

Pero la consecuencia más cruel del mantenimiento por tiempo ilimitado de las personas en lista de espera para recibir atenciones es que muchas de ellas fallecen sin haber podido ejercer su derecho reconocido en la Ley de Dependencia.

 

Los datos oficiales contenidos en los últimos informes manejados por la Comisión para el análisis de la situación del SAAD, derivada de la Conferencia de Presidentes, reconocían que en 2016 se habían producido más de 40.000 fallecimientos de personas que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones y servicios oportunos.

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Fuente: Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales (IMSERSO). Tabla contenida en los documentos utilizados por la Comisión de análisis de SAAD derivada de la Conferencia de Presidentes.

Extrapolando la mortalidad de las personas en lista de espera en 2016 a los datos de 2017, es plausible estimar que el número de personas fallecidas pendientes de recibir prestación solo en el primer semestre del año asciende a 18.000 con la pésima proyección de convertirse en más de  34.000 al final del presente ejercicio.

 

  • ENTRE CUATRO Y CINCO AÑOS MÁS PARA CUMPLIR CON LA CIUDADANÍA

Reconociendo el cambio de tendencia, la insuficiencia del ritmo de atenciones hace que –de seguir así las cosas- el SISAAD tardaría otros cinco años en ofrecer unos datos de cobertura razonables. De nuevo, las diferencias entre territorios son alarmantes. De hecho la proyección estatal está obviamente distorsionada ya que las proyecciones de La Rioja, Madrid, Andalucía y Cataluña afectarán de manera sustancial al total del SAAD.

 

Estas proyecciones pueden alargarse considerando el número de personas dependientes con Grados III y II (cuya atención puede ser más costosa) y las 100.000 personas pendientes de dictamen de las que un buen número acabará siendo consideradas como dependientes.

 

  • LA SALIDA DE LAS ATENCIONES LOW COST

El incremento de personas atendidas (Grados I fundamentalmente) no se compadece con una mayor inversión del sistema. Los crecimientos que se han dado en los dos últimos años tienen mucho que ver con las atenciones que podríamos denominas de “bajo coste” como la Prevención y Promoción de la Autonomía (en muchos casos), la teleasistencia (con un coste medio de 25€/mes) o las prestaciones económicas por cuidados en el entorno (cuya media mensual está cercana a los 300€ y bajando).

 

El incremento neto por tipo de servicio o prestación desde la entrada de los Grado I (1 de julio de 2015) hasta 30 de junio de 2017 es el siguiente:

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Gráfico 5: Observatorio Estatal para la Dependencia. Fuente datos: IMSERSO - SISAAD

 

Esto implica que del incremento de atenciones desde julio de 2015, más de la mitad (55,7%) se debe a las atenciones de bajo coste y muy especialmente a la teleasistencia que en algunos territorios se está configurando como única prestación para algunos casos de forma muy peligrosa.

 

La urgencia de sacar expedientes de la lista de espera y la presión presupuestaria no pueden convertir la atención a la dependencia en el despliegue de atenciones que deben ser consideradas complementarias y nunca suficientes por sí mismas.

 

El mismo ejercicio aplicado al último año perfila un incremento de este “low cost” de la dependencia (supone el 61,3% del incremento de atenciones) que puede acabar siendo el “modelo de atención” para muchos Grados I, pero no debemos olvidar que actualmente la mitad de las personas en espera tienen Grados III y II y no es plausible que reciban tan magros apoyos.

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Gráfico 6: Observatorio Estatal para la Dependencia. Fuente datos: IMSERSO - SISAAD

 

La tendencia para ámbitos como el de la atención residencial es a la baja e incluso en los primeros seis meses de 2017 se observa una pérdida de 370 prestaciones.

 

Evidentemente todo ello tiene su origen en el estrangulamiento de la financiación del SAAD que trataremos a continuación.

 

En todo caso, a pesar del incremento de personas asistidas no debemos perder de vista la realidad de que el coste por dependiente atendido desciende paulatinamente y, lo que es peor, la generación de empleo de la que el SAAD hace gala se ha frenado por primera vez en el primer semestre de 2017.

 

En resumen, se corre el peligro de crecer con atenciones mediocres que no suponen auténtico apoyo a las personas, que no generan suficientes retornos y que no son fuente de empleo.

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Gráfico 7: Observatorio Estatal para la Dependencia. Fuente datos: IMSERSO - SISAAD

 

El empleo directo vinculado al SAAD (atenciones) se estaría frenando en torno a los 200 y el nº de empleos por millón de euros invertidos ha bajado de 35 (2016) a 34 en lo que va de año 2017. Esta es otra consecuencia de las atenciones de bajo coste y del regreso de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar.

 

  • EL AHOGAMIENTO DE LA FINANCIACIÓN DEL ESTADO. 

Respecto a la financiación y al gasto, estimamos que el sistema durante el primer semestre del año ha supuesto un gasto global de 3.700 millones de euros, es decir, tan solo 86 millones más que en el semestre anterior. La asunción del copago de los ciudadanos se mantiene en un 20,4% del total de gasto y el resto es asumido por las administraciones públicas.

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Gráfico 8: Estimación basada en modelo de costes del Observatorio Estatal para la Dependencia. Fuente de datos primarios: SISAAD

 

Así, aislando la financiación pública del sistema (detrayendo el efecto del copago) y considerando las estimaciones del primer semestre de 2017, la financiación finalista de la AGE en relación a la financiación autonómica sigue reduciéndose sensiblemente:

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Gráfico 5: Estimación basada en modelo de costes del Observatorio Estatal para la Dependencia. Fuente de datos primarios: SISAAD

 

Lo más penoso del asunto de la financiación es que la AGE mantiene los valores de financiación del nivel mínimo de 2012 (recortados por el famoso RD-Ley de 13 de julio de 2012).

 

En los Presupuestos Generales del Estado de 2017 pactó con Ciudadanos incrementar la partida del Nivel Mínimo en 100 millones de euros (sobre el presupuesto inicial de 2016) hasta llegar a un total de 1.262,2 millones de euros.

 

Ya hemos explicado tanto a Ciudadanos como al resto de Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados la inutilidad de estos “incrementos” en los PGE si no se modificaban la cuantías del Nivel Mínimo Garantizado por dependiente atendido. Pues bien, ¡hemos llegado al punto en el que es muy posible que no se gaste la financiación estatal comprometida convirtiendo el pacto presupuestario en una auténtica vergüenza! ¡Mientras fallecen dependientes antes de recibir los servicios a los que tenían derecho resulta que a la AGE le va a sobrar parte del presupuesto consignado en los PGE!

 

La estimación que hacemos del gasto estatal por el nivel mínimo en el primer semestre de 2017 es de 587 millones de euros. Esto supone que (si no se incrementa el mínimo estatal), considerando la pérdida de Grados III y II y el avance de los Grado I, el nivel mínimo devengado a final de año esté –con un cálculo optimista- en torno a los 1.170 millones de euros (90 millones por debajo de lo presupuestado en los PGE).

 

Lejos de incrementar el gasto en dependencia –como bien se han ocupado de “vender” tanto el Gobierno como en este caso- Ciudadanos, se ha llegado a un torpe pacto para la galería que no tendrá una plasmación real en la financiación del sistema. Esto constituye un incumplimiento claro del pacto que suscribieron junto al resto de la Cámara (con la sola excepción del PP) y de su propio programa.

 

Mientras tanto seguimos sin noticias de la Comisión de análisis de SAAD derivada de la Conferencia de Presidentes y del grupo de expertos sobre financiación autonómica.

 

Es URGENTE que se adopte alguna decisión sobre el futuro del sistema en clave de financiación y, hasta entonces, abordar las URGENTES necesidades financieras para la atención plena (cobertura total ya demorada dos años con 300.000 personas en espera) por la vía del incremento sustancial de las cuantías del Nivel Mínimo Garantizado. No vemos otra salida.

 

Ese nivel mínimo de financiación del Estado en el que descansa la “garantía del derecho subjetivo” y que debería velar por el ejercicio de los derechos de las personas en situación de dependencia independientemente de la comunidad autónoma en la que residan.

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro, Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, y del Observatorio de la Dependencia e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.   

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PRESENTADO EN EL CONGRESO UN PACTO DE ESTADO PARA GARANTIZAR EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LA LEY

La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados asisten a esta iniciativa promovida por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

5 son los compromisos que se propone para este Pacto de Estado

Revertir en los presupuestos de 2017 los recortes producidos por los R. Decretos de 2012.

Acuerdo entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para acabar con la desatención (Limbo de la Dependencia) en los dos próximos años.
Iniciar negociaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar un modelo estable de financiación del Sistema en el marco de la LOFCA
No acordar modificaciones de la Ley 39/2016 sin su tramitación y debate parlamentario y con un consenso similar al menos al que se logró en la aprobación de esta ley.
Sistema de Información de la Dependencia trasparente y actualizado.
La Asociación ha registrado en el Congreso un escrito dirigido a la Presidencia del mismo, a la Presidencia de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, y a los grupos políticos que no han asistido a la presentación de la propuesta, dándoles traslado de la misma y solicitando su adhesión.

10 DATOS / 10 GRÁFICOS EN EL 10º ANIVERSARIO DE LA LEY

En este mismo acto, la Asociación ha presentado un folleto que recoge 10 datos y 10 gráficos ilustrativos de lo que ha supuesto el desarrollo de la Ley en estos 10 años, entre los que destacan:

1.212.048 personas tienen reconocida actualmente una situación de dependencia (2,5% de la población española) / 355.596 personas están el Limbo de la Dependencia / Más de 125.000 personas han fallecido en los últimos cuatro años sin llegar a recibir las prestaciones o servicios que les habían reconocido por su situación de dependencia / 2.865 millones de euros es el recorte acumulado de la Administración General del Estado en Dependencia desde el año 2012 / 18,1% es la aportación de la Administración General del Estado a la Dependencia / 250.000 empleos directos hay actualmente en el Sistema de Atención a la Dependencia (35 empleos por cada millón de euros) / 38% es el retorno vía impuestos y cotizaciones, del gasto público en Dependencia.

Por ello, si se atendiera ya a las 355.596 personas en espera –cumpliendo así con la Ley- se generarían más de 100.000 empleos directos, con un incremento del gasto público de 1.631 millones de euros/año (2.643 M€/año de los que se recuperarían 1.012 M€/año).

Nota de prensa en pdf

Pacto de Estado pdf

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INFORME DEL OBSERVATORIO ESTATAL DE LA DEPENDENCIA. Julio 2016

Una de cada tres personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio.

La lista de espera se mantiene en 381.508 y al ritmo actual se tardarían más de cuatro años en cumplir con los derechos de las personas dependientes.

Sin embargo, en el último año se ha incrementado el número de personas atendidas en casi 89.000

Sigue siendo muy preocupante el incremento de las diferencias territoriales.

La atención a la dependencia en España sufrió un claro y doloroso estancamiento desde mediados 2012 hasta mediados de 2015, momento en el que se incorporaron las personas con dependencia moderada (Grado I) al Sistema. Desde entonces -es decir, durante el último año- se ha incrementado en un 12% el número de personas atendidas, superando el estancamiento.

No obstante, sigue existiendo un fragante incumplimiento respecto a cientos de miles de personas, ya que actualmente (con datos oficiales de 30 de junio) hay 1.207.870 personas dependientes, de las que están siendo atendidas el 68,4% (826.362), mientras que el 31,6% (381.508) está en "lista de espera".

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Valoramos positivamente el incremento de personas atendidas en el último año, que sin duda se debe a diferentes factores, siendo la fundamental el revulsivo de la incorporación de los dependientes moderados. Muchos de esos dependientes moderados ya venían siendo atendidos por los servicios sociales locales y autonómicos con lo que se intuye que en muchos casos su incorporación de facto al sistema se debe a más a mecanismos de gestión que a un cambio real de su situación o de los servicios que reciben. Por otra parte, la atención a dependientes moderados permite teóricamente atenciones de menor coste.
Pese a la mejora en las cifras de gestión del último año, hay tres elementos que resultan extremadamente preocupantes y ante los que se deben tomar medidas:
1) Las extremas diferencias interterritoriales: no todas las Comunidades Autónomas han mejorado la gestión en la misma medida. De hecho se perciben algunas situaciones críticas que no se pueden obviar. Aún hay más de 126.00 personas en lista de espera con grados de dependencia II (severa) y III (gran dependencia). La incorporación del Grado I (300.000 personas) se produjo sin que muchas Comunidades Autónomas hubieran atendido la demanda anterior acumulada.

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LA DEMOLICIÓN DE LA LEY DEPENDENCIA

La promesa cumplida de Rajoy
El Sistema de Atención a la Dependencia finaliza la legislatura (de R.D. 20/julio2012 a últimos datos oficiales octubre 2015) con

 105.197 personas menos valoradas como dependientes. 64.211 grandes dependientes menos.

 1.163 personas menos que reciben prestaciones o servicios

400.000 personas en lista de espera. 156.761 personas más en el Limbo de la Dependencia, esperando ser atendidos

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Más de 100.000 personas fallecidas sin recibir las atenciones a las que tenían derecho reconocido.

 Un recorte acumulado en cuatro años del Gobierno de más de 2.000 millones de euros.

 Al finalizar el proceso oficial de implantación del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), con la incorporación de los Dependientes Moderados el 1 de julio de 2015, tras 9 años de desarrollo de la Ley y dos retrasos en su calendario de aplicación progresiva promovidos por el actual Gobierno, esta es la situación, coincidiendo con el final de la legislatura, de acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles:

 1º.- Personas que necesitan recibir atenciones del Sistema por el reconocimiento de su situación de dependencia: 1.178.483 (2,5% de la población), 105.197 menos que en el inicio de la legislatura (julio de 2012)

 2º.- Personas atendidas: se ha mantenido en los tres últimos años en torno al número de beneficiarios actuales 779.373. 1.163 menos que en el inicio de legislatura (julio de 2012)

 3º.- En consecuencia, el Sistema no es capaz de atender a 400.000 personas con derecho reconocido, un 34% de sus potenciales beneficiarios. La lista de espera ha aumentado en 156.761 personas desde el inicio de la legislatura (julio de 2012)

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CIRCULAR 22/05/2013

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PRESUPUESTOS PÚBLICOS Y FINANCIACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

- La cuadratura del círculo-

INFORME DEL OBSERVATORIO ESTATAL DE LA DEPENDENCIA

 

 

La brutal presión a la que se está sometiendo desde el Ministerio de Hacienda a las CCAA en materia de recorte de todos los servicios esenciales de responsabilidad pública -educación, sanidad y servicios sociales- tiene uno de sus ejemplos más sangrantes en la situación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (LAPAD)

informe en pdf

 

EL “RECORTE” O LA DEUDA ACUMULADA DE LA DEPENDENCIA 

POSICIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE
SERVICIOS SOCIALES sobre las medidas de ahorro del gasto público anunciadas
por el presidente del Gobierno en la comparecencia de 12 de mayo de 2010  

Posicionamiento pdf

 

PONDERACIÓN ACUERDOS FINANCIACIÓN NIVEL ACORDADO (2010-2013)

Ponderacion pdf

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SAAD MAYO 2010 

informe pdf

 
 
 
Aproximación a los costes del SAAD en 2010 y aportación de los financiadores
 
aproximacion pdf
 
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