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RESULTADOS DEL INDICE DEC 2018

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SÍNTOMAS DE ESTANCAMIENTO AL FINALIZAR UNA LEGISLATURA POSITIVA PARA LOS SERVICIOS SOCIALES, POR MANTENERSE LOS RECORTES DEL GOBIERNO CENTRAL

Faltan 1.300 millones de euros anuales para recuperar la inversión anterior a la crisis
- País Vasco, Navarra y Castilla y León siguen teniendo la mejor calificación en materia de Servicios Sociales.
- La C. de Madrid es la que tiene peores Servicios Sociales, seguida de Murcia, C. de Valencia, y Canarias si bien estás dos últimas registran mejoras significativas.

Los resultados del Índice DEC 2018 coinciden con el final de la legislatura y el inicio de la nueva a nivel estatal, municipal y en la mayor parte de las Comunidades Autónomas. Constituye así la oportunidad de realizar un balance de la legislatura que finaliza, así como de plantear los retos para la nueva, tanto a nivel general como en cada territorio.
Se puede apreciar así una evolución globalmente positiva, ya que, si al comienzo de la legislatura la puntuación global era de 4,54 puntos, en 2018 supera el aprobado, con 5,22 puntos. La evolución positiva se registra en casi todas las Comunidades y especialmente en aquellas que partían de una peor situación, como la C. de Valencia y Canarias. Madrid, la Comunidad con peor calificación de sus servicios sociales en 2018, es la que registra un mayor deterioro de sus servicios sociales.
No obstante, la evolución positiva de los servicios sociales en los primeros años de la legislatura en todas sus dimensiones (ordenación, relevancia económica y cobertura), parece estancarse en los dos últimos años en muchas Comunidades. Así mismo, más allá de los datos, sigue planeando la amenaza de convertir a los Servicios Sociales en meras oficinas de procedimiento, acreditación y clasificación de la ciudadanía (checking social) en función del cumplimiento de requisitos para acceder a diversas ayudas que se establecen para atender las situaciones de pobreza, en una clara deriva asistencialista, a falta de un sistema global de garantía de ingresos.
Por último, se mantienen en buena medida las grandes diferencias entre territorios, así como de los desequilibrios del Sistema.

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GRANDES DIFERENCIAS ENTRECOMUNIDADES
Las diferencias siguen siendo muy importantes. Así las Administraciones Públicas en el País Vasco destina más del doble de inversión por habitante y año en Servicios Sociales (703 €) que Murcia, con sólo 297 €; y el porcentaje del PIB regional que Extremadura destina a Servicios Sociales (2,594%), es 2,5 veces superior al que destina la Comunidad de Madrid, con solo el 1,007%.
También prestaciones y servicios a la ciudadanía se aprecian grandes diferencias
- En Navarra hay un profesional de los servicios de atención primaria por cada 890 habitantes. En la C. de Madrid esta ratio se multiplica por 10, con un profesional por cada 8.354 habitantes.
- El 13,6% de su población potencialmente dependiente en Castilla y León recibe atenciones de la Dependencia, y su tasa de desatención -Limbo- es de 1,6%. En Canarias sólo el 5,41% de su población potencialmente dependiente recibe estas atenciones (menos de la mitad que en Castilla y León), y su Limbo es el 29,3%.
- Mientras las Rentas Mínimas de Inserción en el País Vasco alcanzan a más de tres de cada cuatro personas en riesgo de pobreza (76,3%) y en Navarra a dos de cada tres (66,1%), en Castilla-La Mancha solo el 2,1%, y en otras cinco Comunidades ni siquiera el 5% (Andalucía, Baleares, Canarias, Extremadura y Murcia)

AUN FALTARÍAN 1.300 MILLONES DE EUROS AL AÑO PARA RECUPERAR LA INVERSIÓN PÚBLICA EN SERVICIOS SOCIALES ANTERIOR A LA CRISIS
El gasto corriente presupuestado en servicios sociales en 2018 por las Administraciones en España fue 18.871 millones de euros, el 1,57% del PIB. En 2010 era el 1,68%; si se hubiera mantenido este porcentaje, el presupuesto para servicios sociales en 2018 habría sido de 20.180 millones de euros, es decir, 1.300 millones más que lo presupuestado. Respecto a la distribución del gasto entre administraciones hay pocos cambios: una cuarta parte del gasto procede del esfuerzo local (25,1%), un 13,5% procedente de la Administración General del Estado y un 61,4% de esfuerzo autonómico.
La Administración General del Estado es el único nivel que aún no ha recuperado los recortes. A pesar de que algunos servicios sociales dependen por Ley de la garantía estatal de financiación mínima para su desarrollo homogéneo en todo el territorio del Estado (atención a la Dependencia), la AGE ha mantenido sin duda la política más dura respecto al gasto público en servicios sociales.
Alcanzar una inversión en servicios sociales en torno al 2% del PIB en la nueva legislatura debería ser el compromiso de las Administraciones Públicas, en especial con el incremento de aportación estatal, para impulsar políticas de atención a la dependencia y lucha contra la pobreza y la exclusión social.
GASTAR MÁS NO SIGNIFICA NECESARIAMENTE HACERLO MEJOR
Un año más se pone en evidencia que las Comunidades que más gastan en Servicios Sociales no se corresponden necesariamente con las que ofrecen más prestaciones y servicios a la ciudadanía. En consecuencia, las formas de organización son determinantes no solo de la eficacia sino también de la eficiencia del Sistema, entre ellas el grado de descentralización de servicios en las administraciones locales: los territorios más eficientes (mejor relación entre cobertura y gasto) coinciden con aquellos en los que existe mayor participación local en la gestión y entrega de servicios sociales.
A pesar de todo, siendo un sistema muy mejorable; con sus luces y sus sombras, el Sistema de Servicios Sociales y sus profesionales han atendido a más de 8 millones de personas (cada año) durante la crisis, contribuyendo a evitar la ruptura de la cohesión y la paz sociales y colaborando en la recuperación.
Más información: José Manuel Ramírez. Presidente ADYGSS. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Carta a Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España.

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(De)pendientes de los viernes sociales.

Pocos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso y son de tanta urgencia social como la atención a las personas en situación de dependencia. De la misma manera que pocas veces hemos asistido a tanta palabrería, promesas incumplidas y falsas expectativas.

En España hay casi un millón y medio de personas en situación de dependencia, de las que un cuarto de millón están en lista de espera (cien mil son grandes o severos dependientes) y hay una ley que establece un derecho de ciudadanía que obliga a los poderes públicos a cumplirla.

Se estima que durante el último año fallecieron en nuestro país más de treinta mil dependientes sin recibir la prestación o el servicio que les correspondía por derecho; es decir, cada día mueren en España ochenta personas en el “limbo de la dependencia”. Si hubiese un índice de sufrimiento, ocuparían los primeros puestos.

A esto hay que añadir el impacto negativo de género que tiene la feminización de los cuidados en la medida en que estos no son resultado de una libre elección. Aunque aplaudamos la recuperación de las cotizaciones a la Seguridad Social para las cuidadoras familiares, la ausencia de alternativas y servicios es una estafa al feminismo que ustedes proclaman.

El recorte acumulado desde 2012 de la Administración General del Estado en dependencia es de 5.406 millones de euros. Del total de gasto directo anual (8.250 millones), el copago supone ya un 20,6%, el gasto de las comunidades autónomas un 63,2% y la aportación estatal ya se reduce a un ridículo 16,1%. Posiblemente esta sea la única política pública de calado que no ha revertido los recortes estatales.

A pesar de todo, el Sistema de Atención a la Dependencia muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y de obtención de retornos. Hoy existen 250.000 empleos directos dedicados a la atención a la dependencia y cada año se generan entre veinticinco y treinta mil más. La tasa de retorno directo por la actividad es del 40% y es aún muy mejorable si se apuesta por los servicios. Si no tienen alma… cojan la calculadora.

A lo largo de nuestra vida convivimos con personas dependientes y muchas acabaremos estando en situación de dependencia. Exigimos que se preste atención a esta política con amplitud de miras, sentido de Estado y respeto a la Ley. Cumplir la Ley e impulsar la protección social en esta materia debe ser objeto de un gran pacto y no de oportunas ofertas electorales.

El incumplimiento estatal ha convertido sólidos derechos subjetivos en derechos efímeros y de papel. Señor Presidente cumpla y haga cumplir la Ley. Entendemos el marco en el que se ha movido la legislatura, pero en esta materia el “olvido” ha sido cruel e imperdonable.

No apelamos pues a sus viernes “sociales”. Se necesita un solo día, elija uno cualquiera, de la justicia con las personas dependientes y con sus familias.

José Manuel Ramírez Navarro. Presidente del Observatorio Estatal para la Dependencia.

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