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FRENAZO DEL GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES (sanidad, educación y servicios sociales)

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EL GASTO SOCIAL AUTONÓMICO 2018 ES UN 0,4% INFERIOR AL DE 2017 Y UN 3,6% INFERIOR QUE AL INICIO DE LA CRISIS.

LA AUSENCIA DE PRESUPUESTOS Y EL FACTOR DEUDA, SIGUEN GENERANDO UNA TENSIÓN PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIA A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES.

En 2013 se registró el nivel más bajo en cuanto a gasto autonómico en servicios esenciales (sanidad, educación y servicios sociales), con 100.000 millones de euros. Desde aquella fecha se ha recuperado paulatinamente la inversión en estas políticas, hasta alcanzar los 112.662 millones de euros en los presupuestos definitivos de 2018. No obstante, este esfuerzo es aún insuficiente, no se alcanzan los niveles de gasto al inicio de la crisis (117.000 millones en 2009).

El estancamiento político y la consiguiente ausencia de presupuestos, ponen en serio peligro el sostenimiento de unos servicios públicos esenciales que podrían volver a la senda del deterioro.

La variación anual de los presupuestos autonómicos desde el inicio de la crisis muestra cómo el esfuerzo en el sostenimiento de los servicios públicos esenciales se vio reducido ampliamente entre 2010 y 2013 para iniciar cierta recuperación partir de 2014 que se ha visto truncada en los presupuestos definitivos de 2018 de manera que los durísimos recortes acumulados no se han recuperado en estas políticas.

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Link a Informe sobre el gasto social autonómico en 2018 (Sanidad, Educación y Servicios Sociales)

PDF EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

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RESULTADOS DEL INDICE DEC 2018

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SÍNTOMAS DE ESTANCAMIENTO AL FINALIZAR UNA LEGISLATURA POSITIVA PARA LOS SERVICIOS SOCIALES, POR MANTENERSE LOS RECORTES DEL GOBIERNO CENTRAL

Faltan 1.300 millones de euros anuales para recuperar la inversión anterior a la crisis
- País Vasco, Navarra y Castilla y León siguen teniendo la mejor calificación en materia de Servicios Sociales.
- La C. de Madrid es la que tiene peores Servicios Sociales, seguida de Murcia, C. de Valencia, y Canarias si bien estás dos últimas registran mejoras significativas.

Los resultados del Índice DEC 2018 coinciden con el final de la legislatura y el inicio de la nueva a nivel estatal, municipal y en la mayor parte de las Comunidades Autónomas. Constituye así la oportunidad de realizar un balance de la legislatura que finaliza, así como de plantear los retos para la nueva, tanto a nivel general como en cada territorio.
Se puede apreciar así una evolución globalmente positiva, ya que, si al comienzo de la legislatura la puntuación global era de 4,54 puntos, en 2018 supera el aprobado, con 5,22 puntos. La evolución positiva se registra en casi todas las Comunidades y especialmente en aquellas que partían de una peor situación, como la C. de Valencia y Canarias. Madrid, la Comunidad con peor calificación de sus servicios sociales en 2018, es la que registra un mayor deterioro de sus servicios sociales.
No obstante, la evolución positiva de los servicios sociales en los primeros años de la legislatura en todas sus dimensiones (ordenación, relevancia económica y cobertura), parece estancarse en los dos últimos años en muchas Comunidades. Así mismo, más allá de los datos, sigue planeando la amenaza de convertir a los Servicios Sociales en meras oficinas de procedimiento, acreditación y clasificación de la ciudadanía (checking social) en función del cumplimiento de requisitos para acceder a diversas ayudas que se establecen para atender las situaciones de pobreza, en una clara deriva asistencialista, a falta de un sistema global de garantía de ingresos.
Por último, se mantienen en buena medida las grandes diferencias entre territorios, así como de los desequilibrios del Sistema.

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GRANDES DIFERENCIAS ENTRECOMUNIDADES
Las diferencias siguen siendo muy importantes. Así las Administraciones Públicas en el País Vasco destina más del doble de inversión por habitante y año en Servicios Sociales (703 €) que Murcia, con sólo 297 €; y el porcentaje del PIB regional que Extremadura destina a Servicios Sociales (2,594%), es 2,5 veces superior al que destina la Comunidad de Madrid, con solo el 1,007%.
También prestaciones y servicios a la ciudadanía se aprecian grandes diferencias
- En Navarra hay un profesional de los servicios de atención primaria por cada 890 habitantes. En la C. de Madrid esta ratio se multiplica por 10, con un profesional por cada 8.354 habitantes.
- El 13,6% de su población potencialmente dependiente en Castilla y León recibe atenciones de la Dependencia, y su tasa de desatención -Limbo- es de 1,6%. En Canarias sólo el 5,41% de su población potencialmente dependiente recibe estas atenciones (menos de la mitad que en Castilla y León), y su Limbo es el 29,3%.
- Mientras las Rentas Mínimas de Inserción en el País Vasco alcanzan a más de tres de cada cuatro personas en riesgo de pobreza (76,3%) y en Navarra a dos de cada tres (66,1%), en Castilla-La Mancha solo el 2,1%, y en otras cinco Comunidades ni siquiera el 5% (Andalucía, Baleares, Canarias, Extremadura y Murcia)

AUN FALTARÍAN 1.300 MILLONES DE EUROS AL AÑO PARA RECUPERAR LA INVERSIÓN PÚBLICA EN SERVICIOS SOCIALES ANTERIOR A LA CRISIS
El gasto corriente presupuestado en servicios sociales en 2018 por las Administraciones en España fue 18.871 millones de euros, el 1,57% del PIB. En 2010 era el 1,68%; si se hubiera mantenido este porcentaje, el presupuesto para servicios sociales en 2018 habría sido de 20.180 millones de euros, es decir, 1.300 millones más que lo presupuestado. Respecto a la distribución del gasto entre administraciones hay pocos cambios: una cuarta parte del gasto procede del esfuerzo local (25,1%), un 13,5% procedente de la Administración General del Estado y un 61,4% de esfuerzo autonómico.
La Administración General del Estado es el único nivel que aún no ha recuperado los recortes. A pesar de que algunos servicios sociales dependen por Ley de la garantía estatal de financiación mínima para su desarrollo homogéneo en todo el territorio del Estado (atención a la Dependencia), la AGE ha mantenido sin duda la política más dura respecto al gasto público en servicios sociales.
Alcanzar una inversión en servicios sociales en torno al 2% del PIB en la nueva legislatura debería ser el compromiso de las Administraciones Públicas, en especial con el incremento de aportación estatal, para impulsar políticas de atención a la dependencia y lucha contra la pobreza y la exclusión social.
GASTAR MÁS NO SIGNIFICA NECESARIAMENTE HACERLO MEJOR
Un año más se pone en evidencia que las Comunidades que más gastan en Servicios Sociales no se corresponden necesariamente con las que ofrecen más prestaciones y servicios a la ciudadanía. En consecuencia, las formas de organización son determinantes no solo de la eficacia sino también de la eficiencia del Sistema, entre ellas el grado de descentralización de servicios en las administraciones locales: los territorios más eficientes (mejor relación entre cobertura y gasto) coinciden con aquellos en los que existe mayor participación local en la gestión y entrega de servicios sociales.
A pesar de todo, siendo un sistema muy mejorable; con sus luces y sus sombras, el Sistema de Servicios Sociales y sus profesionales han atendido a más de 8 millones de personas (cada año) durante la crisis, contribuyendo a evitar la ruptura de la cohesión y la paz sociales y colaborando en la recuperación.
Más información: José Manuel Ramírez. Presidente ADYGSS. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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