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20.000 personas más en lista de espera en el último año

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El saldo de 2019 presenta 20.000 personas más en una lista de espera que ya se eleva a 270.000 personas con derecho a servicios o prestaciones que no reciben.  Preocupa también el incremento de personas pendientes de valoración de dependencia que ya asciende a 160.000 (30.000 más que hace un año).

A pesar de que el número de atendidos asciende a 1.115.000 personas, el saldo positivo de 61.000 personas más del último año, es claramente insuficiente para absorber la demanda.

En ocho Comunidades ha subido la lista de espera, al ritmo de incorporaciones de beneficiarios del último año se tardarían cuatro años y medio para lograr la plena atención.  Dos Comunidades terminaron el año con menos beneficiarios que cuando empezó, (Asturias -966 y Extremadura -952) y las dos Comunidades que más beneficiarios incorporaron han sido la Comunidad Valenciana (+13.888) y Castilla y León (11.402)

Hasta el momento, tan solo se ha dado cumplimiento a dos de los compromisos del Pacto de Estado por la Dependencia: la recuperación del derecho de las cuidadoras a cotizar en el convenio especial de cuidadores no profesionales y la mayor transparencia del sistema, a la espera de la aprobación e implantación de la nueva estadística oficial.

Sin embargo, las prórrogas de los presupuestos recortados han devenido en una nueva ralentización del sistema durante el año 2019 que ha derivado en un muy preocupante empeoramiento de las cifras de manera que por primera vez desde 2016, el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha vuelto a aumentar.

Al incremento de personas en espera hay que añadir lo escandaloso de los plazos de tramitación; 426 días de media con grandes variaciones interterritoriales, lo que indica que a la losa de la insuficiencia en la financiación hay que añadir gravísimos problemas de gestión.

En Extremadura y en Asturias, durante 2019, ha disminuido el número de personas atendidas (-966 y -952 respectivamente). En la mitad de las comunidades autónomas la lista de espera ha aumentado: Extremadura (7,9%); Asturias (7,8%); Comunidad de Madrid (4,3%); Región de Murcia (3,9%); Islas Baleares (3,3%); Comunidad Valenciana (1,9%); Galicia (0,6%) y Melilla (0,3%).

En el lado de los incrementos de personas atendidas, la Comunidad Valenciana ha sido la que más ha aumentado el número de beneficiarios (+14.119), dándose la contradicción de que, aunque aumenta en su lista de espera, esto es debido al gran número de personas con derecho que ha incorporado al Sistema (+18.076). La siguiente comunidad en incremento anual de personas atendidas es Castilla y León (+11.402).

Al ritmo en que han aumentado el número de beneficiarios en 2019 y teniendo en cuenta el número de personas que se encuentran en la lista de espera se tardaría más de una legislatura completa para llegar a la plena atención bajo la ficción de que no entraran nuevos solicitantes.

Entre las consecuencias de lo expuesto resulta especialmente doloroso que haya personas con derecho efectivo (con algún grado de dependencia reconocido) que fallecen antes de haber recibido servicios o prestaciones Estimamos que en 2019 esta situación ha afectado a cerca de 31.000 personas (85 fallecimientos diarios de personas que no llegaron a tiempo de ejercer sus derechos). Hay que tener en cuenta que el 54% de personas solicitantes tiene más de 80 años. Tremenda forma de reducir las listas de espera.

Otra consecuencia es que la demora en ofrecer servicios de apoyo para realizar las actividades de la vida diaria supone gravísimos trastornos a las personas dependientes y genera importantísimas sobrecargas familiares, muy especialmente a las mujeres ya que el 75% de las personas que prestan cuidados familiares son hijas, madres o parejas. Las consecuencias globales para el modelo social y económico son más que evidentes.

No todos los problemas del sistema son financieros, pero es evidente que el recorte mantenido desde 2012 ha dinamitado la capacidad de las administraciones gestoras para ofrecer mejores resultados.

Dentro de las prioridades sociales existentes es ya urgentísimo acometer una inyección financiera decidida en el sistema dirigida a absorber la demanda existente con un mínimo de dignidad para acometer después las reformas que sean precisas.

El Gobierno de España debe cumplir urgentemente el Pacto por la Dependencia y recuperar los recortes producidos desde el año 2012, lo que no bastará para dar plena atención a todas las personas.

Reducir la lista de espera en un 75%, esto es, incrementar el número de personas atendidas en 200.000 tiene un impacto anual de 1.300 millones de euros (equivalente a la actual aportación estatal al sistema) y requiere unas maquinarias de gestión bien ordenadas y engrasadas.

El calado estratégico de la cuestión requiere poner manos a la obra cuanto antes.

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. e-mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Nuevos datos desvelan los plazos desesperantes en dependencia

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El tiempo medio de tramitación de un expediente es de 426 días, aunque en cuatro comunidades se superan los 18 meses.

En 2019 el número de personas en espera de algún procedimiento se ha incrementado en más de un 10% alcanzando actualmente la cifra de 423.000 expedientes en tramitación.

El borrador de la nueva estadística del IMSERSO -fruto del compromiso de transparencia integrado en el Pacto de Estado por la dependencia- presenta datos de alto interés para evaluar la marcha del sistema y analizar posibles mejoras.

Con motivo de la Comisión Delegada del Sistema celebrada el 2 de octubre de este año, el IMSERSO remitió a las Comunidades Autónomas el borrador de la nueva estadística del SISAAD (realizada con datos a 30 de junio de 2019) que completaría sustancialmente la que hasta ahora se viene publicando. (Se adjunta documento completo con datos anonimizados)

Una de las novedades es la incorporación del dato de los tiempos medios de tramitación de los expedientes (expresados en días) desvelando lo que este Observatorio viene indicando con insistencia desde hace años.

Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días) y solo hay cuatro territorios por debajo o cercanos a ese margen en sus promedios: las ciudades de Ceuta (70 días) y Melilla (170); el País Vasco (137); Navarra (155) y Castilla y León (191). En el otro extremo estarían Canarias (785 días); Extremadura (675); Andalucía (621) y Cataluña (576).

grafico 1

Gráfico 1. Elaboración Observatorio. Fuente de datos: Estadística del SISAAD para Comisión Delegada de 02/10/19 (borrador propuesta). Datos anonimizados 24/09/19. Nota: La desanonimización de los datos ha sido realizada por el Observatorio combinando: los datos de la tabla contenida en la pág. 10 de la estadística (anonimizados y desordenados aleatoriamente por columnas), las trayectoriasde solicitudes, valoraciones y PIA de cada Comunidad Autónoma y los modelos de gestión (estructura de valoración; una o dos resoluciones, etc.). Para territorios con cifras muy similares podría haber errores de asignación de los tiempos por CA, especialmente entre Asturias, Aragón y Murcia; entre Andalucía y Extremadura o entre Navarra y País Vasco. Desconocemos si los datos se presentan con depuración de expedientes en situación administrativa de suspensión de plazos u otras análogas. De no ser así, los plazos reales serían algo más cortos que los indicados para todas las CA.

Estos datos explican que, a pesar del incremento paulatino del número de atendidos de los últimos dos años, el ritmo sea claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones. En 2019 (hasta noviembre) se ha incrementado el número de personas en espera de valoración de grado de dependencia y en espera de atención mediante servicios o prestaciones hasta llegar a las 423.000 personas pendientes de algún trámite, más de la mitad de las cuáles son andaluzas (123.000) o catalanas (103.000).

Vemos, por primera vez desde 2016, que el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha aumentado.

grafico 2

 

Gráfico 2. Fuente: Datos SISAAD (IMSERSO) hasta 30 de noviembre de 2019.

Los motivos de estos impresentables retrasos, después de trece años de implantación de la Ley, son múltiples pero debemos apuntar dos fundamentales:

-       Los sucesivos recortes sufridos en la financiación de la Ley (aún vigentes) que afectaron gravísimamente a la etapa de despliegue, generando enormes bolsas de desatención gracias a la simple pero execrable vía de no resolver los procedimientos por parte de las administraciones.

-       El disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios. La mayoría[1] de comunidades autónomas establecen dos procedimientos administrativos encadenados (resolución del grado de dependencia y resolución de prestación o servicio que disfrutará la persona). Muchas veces, para cuando llegan tales resoluciones, la situación de la persona ha cambiado tanto que hay que volver a empezar revisando su grado o sus prestaciones.

Ante estas dos estrategias, de resultado cruel, poco puede hacer el ciudadano afectado y más cuando ante la demora injusta solo le queda acudir a la tutela judicial por la vía contenciosa-administrativa (lenta, farragosa y costosa) y no por la de la jurisdicción social gracias al mantenido incumplimiento de las Cortes Españolas de su mandato legal de trasladar estos asuntos a dicha jurisdicción (Disposición Final Séptima de la Ley 36/2011 reguladora de la jurisdicción social).

FALLECIMIENTOS SIN HABER PODIDO ACCEDER AL EJERCICIO DE DERECHOS, MENOSPRECIO POR LA AUTONOMÍA PERSONAL E IMPACTO DE GÉNERO.

Entre las consecuencias de lo expuesto resulta especialmente doloroso que haya personas con derecho efectivo (con algún grado de dependencia reconocido) que fallecen antes de haber recibido servicios o prestaciones Estimamos que en 2019 esta situación afectará a cerca de 31.000 personas (85 fallecimientos diarios de personas que no llegaron a tiempo de ejercer sus derechos). Hay que tener en cuenta que el 54% de personas solicitantes tiene más de 80 años. Tremenda forma de reducir las listas de espera.

Otra consecuencia -la más evidente- es que la demora en ofrecer servicios de apoyo para realizar las actividades de la vida diaria supone gravísimos trastornos a las personas dependientes y genera importantísimas sobrecargas familiares, especialmente a las mujeres ya que otro dato interesante de los ofrecidos es que el 75% de las personas que prestan cuidados familiares son hijas, madres o parejas. Las consecuencias globales para el modelo social y económico son más que evidentes.

INTENSIDADES DE LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS MUY MEJORABLES.

Otra parte de la nueva estadística se dedica a ofrecer datos sobre las intensidades de las prestaciones y servicios. El Observatorio analizará con mayor profundidad esta nueva estadística, pero adelantamos algunos muy esclarecedores:

- Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 247 euros. (percibidas actualmente por 425.000 personas). Tienen un importe promedio de 140 €/mes para los Grado I; 245 €/mes para los Grado II y 340 €/mes para los Grado III. Todo ello, de nuevo, con importantes diferencias entre territorios.

- Las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio varían mucho en función del mismo, pero presentan importes insuficientes. Baste decir que la prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 550 €/mes. La diferencia entre esta cantidad y el precio realmente abonado por la persona en una residencia (que fácilmente triplicará ese importe) constituye un “segundo copago” o copago invisible.

- La Ayuda a Domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 17h/mes para los Grado I; de 35 h/mes para los Grado II y de 54h/mes para los Grado III, apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes para estos últimos lo que es claramente insuficiente si comprendemos que son personas que necesitan apoyos de forma permanente.

En líneas generales podemos afirmar que la atención a la dependencia derivada de la Ley 39/2006 puede constituir actualmente un cierto apoyo para muchos casos, pero casi nunca una auténtica solución o una mejora para la vida de la gente.

Queda muchísimo recorrido que hacer en materia de mejora de intensidades y de personalización de los cuidados con paquetes de atención mucho más flexibles, ágiles, adaptables a las necesidades reales de las personas y compatibles entre sí.

IMPRESCINDIBLE RECUPERAR LA INVERSIÓN EN LA MATERIA

No todos los problemas del sistema son financieros, pero es evidente que el recorte mantenido desde 2012 ha dinamitado la capacidad de las administraciones gestoras para ofrecer mejores resultados. Lo realmente increíble es que, gracias a la alarmante incapacidad política generalizada, a la falta de voluntad decidida y a la consiguiente ausencia de Presupuestos Generales del Estado, el colapso del sistema y la violación de derechos están ahí.

Dentro de las prioridades sociales existentes ya es hora de acometer una inyección financiera decidida en el sistema que simplemente intente absorber la demanda existente con un mínimo de dignidad para acometer después las reformas que sean precisas.

Ningún pacto se ha cumplido o ha tenido un cumplimiento parcial y mínimo. Un sistema de atención a las personas dependientes y a sus familias no es caro o barato… es una inversión imprescindible para el futuro. Lo que nos está saliendo realmente caro es no atender estas situaciones.

MEJORA EN CUANTO A TRANSPARENCIA

Aunque la nueva estadística propuesta por el IMSERSO contiene muchos datos a revisar o mejorar en su calidad (el sistema de información SISAAD no recoge bien todo lo relativo a compatibilidades no previstas, revisión de casos, modificación de PIA, etc… en unas casuísticas con un altísimo grado de variaciones constantes), nos parece sin embargo encomiable el esfuerzo de poner negro sobre blanco algunas informaciones críticas para comprender mejor la marcha del sistema.

Este es un imprescindible primer paso para que todos los agentes implicados promuevan las mejoras oportunas. La ciudadanía tiene derecho a conocer la marcha de la gestión de una política pública de esta magnitud de forma que animamos a las Comunidades Autónomas presentes en el Consejo Territorial a que aprueben definitivamente los contenidos de la estadística y su periodicidad (que deberá iniciarse en enero de este año).

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. e-mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

ANEXO

TABLA DE SITUACIÓN DE CASOS EN TRAMITACIÓN, DÍAS PROMEDIO DE GESTIÓN DE EXPEDIENTE Y “LIMBO” DE LA DEPENDENCIA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

 

Pendientes de valoración de grado

(30/11/19)

I

Pendientes Resolución PIA

(30/11/19)

II

TOTAL pendientes de algún trámite

(30/11/19)

III

Días promedio para tramitar un expte. completo (junio 2018-2019)

IV

% de desatención actual (limbo) (30/11/19)

(desatendidos sobre personas con derecho)

V

ANDALUCÍA

48.524  

74.244  

122.768    

621

25,2%

ARAGÓN

3.369  

6.469  

9.838  

451  

16,5%

ASTURIAS

5.477  

5.730  

11.207  

431  

21,3%

BALEARS (ILLES)

1.530  

4.401  

5.931  

300  

17,6%

CANARIAS

14.954  

9.013  

23.967  

785  

28,0%

CANTABRIA

486  

4.089  

4.575  

275  

19,3%

CASTILLA Y LEÓN

11.167  

1.592  

12.759  

199  

1,5%

CASTILLA-LA MANCHA

4.865  

6.266  

11.131  

292  

9,3%

CATALUÑA

27.763  

75.288  

103.051    

576  

31,5%

COMUNITAT VALENCIANA

23.501  

14.674  

38.175  

   536  

14,4%

EXTREMADURA

7.837  

6.957  

14.794  

     675  

19,7%

GALICIA

410  

8.728  

9.138  

342  

12,4%

MADRID

168  

25.761  

25.929  

276  

15,2%

MURCIA

5.237  

4.971  

10.208  

479  

12,4%

C. FORAL DE NAVARRA

1.214  

896  

2.110  

155  

6,1%

PAÍS VASCO

493  

13.397  

13.890  

137  

16,7%

LA RIOJA

5    

3.180  

3.185  

266  

27,8%

CEUTA Y MELILLA

148  

155  

303  

120  

5,1%

TOTAL

157.148  

265.811  

422.959  

426

19,3%

Los datos de las columnas I, II y III provienen de detraer solicitantes de valorados y personas con derecho reconocido respecto a personas con PIA con datos SISAAD de las estadística oficial con el último dato disponible (30 de noviembre de 2019). Los datos de la columna V son el resultado de obtener el número de desatendidos (personas con derecho a atención pero sin PIA) y relacionarlo con el total de personas atendidas. Los datos de la columna IV son resultado de la hipótesis realizada por el Observatorio de desanonimización de los datos contenidos en el borrador de la nueva estadística (datos a 30 de junio de 2019) combinando los datos de la tabla contenida en la pág. 10 de la estadística remitida a las CCAA (anonimizados, desordenados aleatoriamente por columnas y desglosando Ceuta y Melilla por separado), las trayectorias de solicitudes, valoraciones y PIA de cada Comunidad Autónoma y los modelos de gestión (estructura de valoración; una o dos resoluciones, etc.). Para territorios con cifras muy similares podría haber errores de asignación de los tiempos por CA, especialmente entre Asturias, Aragón y Murcia; entre Andalucía y Extremadura o entre Navarra y País Vasco.

Desconocemos si los datos se presentan con depuración de expedientes en situación administrativa de suspensión de plazos u otras análogas. De no ser así, los plazos reales serían algo más cortos que los indicados para todas las CA.

 grafico 3

               

                 PERCEPTORES PECEF   IMPORTE MEDIO PRESTAC   GASTO MES

GRADO III     130.225                        337,8                                    43.990.005,00 €

GRADO II    179.147                        245,1                                   43.908.929,70 €

GRADO I      105.666                        138,7                                    14.655.874,20 €

TOTAL        415.038                                                                    102.554.808,90 €

    

                     IMPORTE MEDIO MENSUAL PECEF         247,10 €

 


[1]Con las excepciones de País Vasco, Madrid o Castilla y León que simplifican el procedimiento en una sola resolución administrativa con el grado de dependencia y la prestaciones o prestaciones correspondientes.

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